La investigación judicial en San Isidro puso en duda el origen y la justificación de los US$200.000 que recibió José Luis Espert en su cuenta bancaria.
Para el fiscal Fernando Domínguez, el contrato de consultoría minera presentado por el exlegislador habría sido una simulación destinada a dar apariencia legal a esos fondos.
Según la acusación, el supuesto trabajo en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. nunca se concretó. Espert no habría viajado al país ni realizado tareas profesionales, mientras que la empresa señalada no presentaba actividad operativa real.
El dinero bajo análisis está asociado al empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos y vinculado a causas por lavado de activos y presuntas maniobras delictivas de alcance internacional, lo que refuerza la hipótesis de un circuito financiero irregular.
Con esos elementos, la fiscalía solicitó la indagatoria de Espert por lavado de dinero. El requerimiento también incluye a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A., señalada por la confección de documentación contable que habría servido de respaldo a la operatoria.
En paralelo, el juez federal Lino Mirabelli dispuso medidas sobre el patrimonio del ex diputado, con la inhibición general de bienes y restricciones para disponer de activos, que también alcanzan a su esposa.
La causa además reconstruye vínculos previos entre Espert y Machado, que habrían incluido financiamiento político durante la campaña presidencial de 2019, hoy bajo revisión en el expediente judicial.
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