La Cámara Penal Contravencional y de Faltas porteñal deberá revisar el fallo dictado en la causa iniciada tras la protesta del 2 de febrero de 2024 frente al Congreso contra la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno de Javier Milei.
En ese expediente fueron condenados Joaquín Arrua, Pedro Esquivel, Carlos Denuble y Astor Galán Vizgarra por el delito de “atentado a la autoridad”, con penas de seis meses de prisión en suspenso y tareas comunitarias, decisión que ahora será revisada por el tribunal de alzada.
La audiencia sera el próximo 25 de junio y es clave para definir si se hace lugar al pedido de absolución en una causa que vuelve a poner en discusión los límites del derecho a la protesta social.
La defensa, encabezada por el abogado Martín Alderete, sostuvo que “la prueba demuestra la absoluta inocencia de nuestros defendidos”, al remarcar que las filmaciones del operativo no muestran conductas violentas y que la protesta se desarrolló sin agresiones hacia las fuerzas de seguridad.
El planteo también apunta contra el uso del protocolo antipiquetes impulsado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al considerar que enmarcó detenciones que luego no se sostienen con la evidencia incorporada al expediente.
La jueza de primera instancia había considerado “coherentes” las declaraciones de los agentes y confirmó las condenas dictadas en marzo. Según la defensa, los testimonios policiales presentan contradicciones y no logran acreditar la hipótesis acusatoria.
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