Después de más de doce años de litigio, la Suprema Corte de Justicia bonaerense cerró la disputa judicial contra la empresa agroquímica Atanor por la afectación ambiental provocada por su planta industrial ubicada en San Nicolás, sobre la costa del río Paraná.
El máximo tribunal provincial rechazó el último planteo presentado por la compañía y dejó firme la obligación de implementar acciones de recomposición ambiental, además del pago de $150 millones al Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental.
La causa había sido impulsada por organizaciones ambientalistas que denunciaron durante años el impacto de la actividad industrial sobre el agua, el suelo y el ecosistema de la zona. En el expediente se incorporaron peritajes, inspecciones e informes técnicos que señalaron fallas en el tratamiento de efluentes y la presencia de sustancias contaminantes.
Entre los elementos analizados figuró la detección de atrazina, un herbicida utilizado en la producción agropecuaria, en concentraciones superiores a los niveles permitidos.
Los estudios concluyeron que la recuperación total del ambiente afectado resulta compleja por la dinámica del río Paraná, que favorece la dispersión de contaminantes a través del agua y los sedimentos.
Al resolver el caso, la Corte destacó que en materia ambiental deben aplicarse los principios preventivo y precautorio, que permiten intervenir antes de que el daño sea irreversible. También sostuvo que la reparación económica resulta válida cuando la recomposición completa no es posible.
Para las organizaciones demandantes, el fallo establece un precedente relevante al confirmar que una empresa puede ser responsabilizada por daños ecológicos cuando existe respaldo científico suficiente, incluso frente a escenarios donde la restauración del ambiente presenta limitaciones.
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