El Ministerio de Justicia oficializó el calendario para incorporar el sistema acusatorio en cuatro nuevas jurisdicciones federales, una reforma que modifica el funcionamiento de las investigaciones penales al otorgar a los fiscales la conducción exclusiva de las causas y limitar la intervención de los jueces a la resolución de los planteos formulados en audiencia.
Según el cronograma, el nuevo esquema comenzará a regir el 24 de agosto en Posadas y el 21 de septiembre en La Plata. La implementación continuará en 2027: el 15 de febrero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 8 de marzo en Córdoba.
Actualmente, la reforma ya está vigente en nueve distritos federales que abarcan 16 provincias y sectores de Buenos Aires.
Justicia más cercana, más clara, más rápida.
Avanzamos en la implementación del Sistema Acusatorio en todo el país, reemplazando un modelo inquisitivo que generaba procesos lentos y complejos por un sistema moderno, ágil y transparente.
¿Qué cambia con el nuevo Código Procesal… pic.twitter.com/s9b8uK0ha0
— Ministerio de Justicia (@MinJusticia_Ar) July 24, 2026
La cartera también informó que aún analiza la incorporación de Tucumán, Paraná, San Martín y la Justicia Nacional con asiento en CABA. Según indicaron, la decisión dependerá de que existan "las condiciones técnicas y operativas" necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema.
El nuevo Código Procesal Penal Federal elimina el expediente en papel y reemplaza el modelo inquisitivo por procesos sustentados en audiencias orales y públicas.
En ese marco, el Ministerio Público Fiscal dirige la investigación desde el inicio hasta el juicio, la defensa representa al imputado y el juez dicta sus resoluciones sobre la base de las pruebas producidas durante las audiencias.
Durante la última reunión de autoridades judiciales, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, afirmó que el objetivo es "generar las condiciones necesarias para la puesta en marcha y la consolidación definitiva del sistema Acusatorio", fortaleciendo la coordinación institucional y la capacidad tecnológica del Poder Judicial.





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