La Justicia Federal responsabilizó al Estado argentino por la detención de Claudio Walter Araya, un ex policía bonaerense que permaneció más de seis años preso en una causa derivada de la investigación por el atentado contra la AMIA.
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó que existió un “error judicial” y aumentó de $1 millón a $1,5 millones la indemnización por daño moral destinada a sus herederas. Araya murió en 2013, pero su familia continuó con el reclamo iniciado años antes.
El ex integrante de la Policía Bonaerense había sido detenido en 1996 por una supuesta vinculación con la obtención de la camioneta Renault Trafic utilizada como coche bomba en el ataque contra la mutual judía.
Su caso quedó incluido en la causa “Brigadas”, un expediente paralelo que investigaba a efectivos policiales por presuntas maniobras de extorsión contra Carlos Telleldín, último poseedor conocido del vehículo.
Araya estuvo encarcelado entre 1996 y 1999 y luego nuevamente hasta 2002. Con el avance de la investigación, los tribunales comenzaron a cuestionar el proceso: en 2004, el Tribunal Oral Federal N.º 3 anuló parte de las actuaciones y señaló irregularidades en la instrucción.
Para la Cámara, la nulidad del expediente y la posterior desvinculación del ex policía demostraron una falla en el funcionamiento de la Justicia. Además, los jueces tomaron en cuenta el reconocimiento realizado por el Estado argentino ante organismos internacionales sobre irregularidades y encubrimiento en la investigación del atentado.
El tribunal también rechazó la postura oficial que atribuía la responsabilidad únicamente a los funcionarios involucrados y sostuvo que las decisiones adoptadas por agentes públicos en ejercicio de sus funciones comprometen al Estado.
La indemnización será actualizada con intereses desde la fecha de la detención de Araya hasta su pago efectivo.
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