El juez federal salió con los tapones de punta tras su apartamiento de la etapa de instrucción causa Hotesur que investiga a la familia presidencial. Quienes lo separaron del caso que llevaba adelantes fueron los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal. En tanto, en el sorteo realizado hoy a las 7:30 en los tribunales de Comodoro Py se determinó que el juez Dr. Daniel Rafecas se encargará de esta investigación después de la feria judicial de invierno. Conocelo en esta entrevista que brindó a Tiempo Judicial.
Esta causa tan sensible provocó hoy la reacción furibunda del juez federal a apartado por su colegas superiores de la causa que puede complicar a la presidente Cristina Kirchner. En diálogo con Radio Mitre, Bonadío hizo una relación de su separación con la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman en enero pasado. "Si aparezco suicidado, busquen al asesino, porque no es mi estilo", sentenció a tono con sus veredictos en la justicia y marcando la cancha al Gobierno Nacional.
El fallo de la mayoría (los jueces Dres. Eduardo Freiler y Jorge Ballestero) que reproduce este medio a continuación de esta nota destacó que Bonadío tuvo un "diferentes irregularidades suscitadas a lo largo del trámite" y al "inadecuado tratamiento que ha dispensado a ambas defensas", algo que conforma "un cuadro de situación aún más grave". "Advierto que la imparcialidad que se exige a los magistrados frente al caso concreto se ha visto seriamente comprometida", sostuvo Freiler.
Sobre los peritos desginados para el caso, Ballestero advirtió que no sólo el incidente resuelto, la nulidad de un peritaje contable, lo llevó a tomar esa decisión sino también la "evaluación en forma conjunta con el resto de las circunstancias que se han suscitado a lo largo de la encuesta, y que también se han traducido en un menoscabo al derecho de defensa en juicio de los encausados". A su postura adhirió que medidas dispuestas por Bonadío causaron "una violación" al derecho constitucional de defensa en juicio.
"Llama la atención que mientras el Dr. Bonadío dilata la decisión vinculada con su competencia para continuar entendiendo en este sumario, ha ordenado la producción de una importante cantidad de medidas de prueba, que implican una injerencia en los derechos de las personas", agregó Freiler.
Y se refirió al uso de la Policía Metropolitana en el allanamiento a la propiedad de los Kirchner en Santa Cruz: "No puede dejar de mencionarse, además, que el juzgador no ha elegido a ninguna de las fuerzas de seguridad de carácter federal para llevarlas a cabo -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria-, sino a la Policía Metropolitana, pese a que tales diligencias fueron practicadas fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la cual se circunscribe su jurisdicción territorial", sostuvo el camarista.
En su voto en disidencia, Farah consideró que debía mantenerse a Bonadío en el caso y también votó contra el planteo de nulidad hecho por las defensas, referido a que no se les dio vista a la hora de convocar a un peritaje contable. Citó un fallo de la propia la Sala II que expresó que “(...) no puede hablarse de arbitrariedad o violación de garantías constitucionales del imputado, dado el marco de discrecionalidad que caracteriza a la actuación del Juez en la producción de las pruebas que estima pertinentes y útiles para la dilucidación de los hechos investigados en el proceso en que le toca intervenir” (causa n° 22.593 “Sorgenti”, reg. n° 24.210 del 20/9/05).
En tanto, agregó que ya su voto en disidencia no torcerá el rumbo del apartamiento de Bonadio porque sus colegas votaron por el mismo, pero destacó que "rige para este asunto la regla según la cual en los asuntos de trámite de las causas penales, se atribuye discrecionalidad al instructor a la hora de tomar uno u otro curso de acción en aras de descubrir la verdad de lo acontecido (ver citado art. 199 del C.P.P.N., de esta Sala causa n° 27.550 “Finazzi). Quiere destacar que en sí, los jueces son discrecionales en sus medidas para ejercer justicia.
Será el juez Rafecas quien decidirá el rumbo de la investigación, entiendo yo que después de las primarios del 9 de agosto. Recordemos que fue el magistrado que fue apartado del caso Ciccone y que tuvo 2 pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura. Es el juez que escribió exquisitos libros sobre la historia del nazismo y su relación con la dictadura militar argentina, y también fue el juez que decidió poner punto final a la denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta por encubrir el atentado a la AMIA.
Debate en la Legislatura
La polémica llegó a la Legislatura porteña donde legisladores oficialistas y de la oposición al gobierno de la Ciudad discutieron sobre el rol de la Policía Metropolitana en el allanemiento realizado esta semana en la provincia de Santa Cruz, a pedido del juez federal Claudio Bonadío. Este magistrado, ayer fue separado del cargo por los jueces de la instancia superior, la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal.
El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo (PRO) respondió a los diputados del Frente Para la Victoria que presentaron en sesion ordinaria un pedido de informes al Poder Ejecutivo respecto a la intervención de la Policía Metropolitana en un allanamiento en la provincia de Santa Cruz.
En ese sentido, Ritondo afirmó que "la Policía Metropolitana cumplió con los requerimientos de la Justicia Federal, algo que por rige por la ley que se votó en esta Legislatura para la creación de esa fuerza de seguridad. No tiene que ver con la voluntad de quien lo pida, es una obligación".
"Es llamativo que desconozcan la ley", agregó Ritondo "porque a la Ciudad le corresponde el traspaso de la Policía Federal. Esto no lo dice Ritondo, ni el bloque del PRO, lo dice una ley votada hace siete años que todavía no se cumplió".
Al respecto, la diputada y presidente del Interbloque del Frente Para la Victoria (FPV), Gabriela Alegre, replicó que "muchas veces no han sido aceptados requerimientos judiciales ni se han considerado costos desde la Justicia porteña para que la Metropolitana actúe en otras jurisdicciones". Agregó que "lo del juez Bonadío fue un show mediático, porque esto no era un asunto de la Ciudad de Buenos Aires".
Ante esto, Ritondo reafirmó que "la actuación de la Policía Metropolitana la dispuso Claudio Bonadío, que es un juez federal, por ende respeta la ley, no tiene que ver con ninguna interpretación" y agregó "lo volvemos a reiterar, queremos hacernos cargo de la seguridad de la Ciudad en forma plena".
El proyecto que no se aprobó en la sesión de ayer consiste en un pedido de informes al Poder Ejecutivo porteño para que indique qué organismo pidió la intervención de la Policía Metropolitana, en un operativo llevado a cabo en Santa Cruz el lunes 13 de julio, en el marco de una causa judicial conocida como "causa Hotesur" llevada adelante por el Juez Federal Claudio Bonadío.
Dentro de los cuestionamientos se remite el alcance previsto y ordenado por la Justicia, qué funcionario ordenó el operativo, las autoridades de la Policía Metropolitana que participaron, la cantidad de efectivos que participaron, entre otras cuestiones.
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