El juez integrante de la Cámara de Casación Penal, el Dr. Alejandro W. Slokar, se refirió así a la situación actual que se vive en el seno de la justicia donde todas las problematicas se resuelven en los tribunales con sendos y continuos pedidos de inconstitucionalidad, así como medidas cautelares o amparos. Como miembro de la agrupación Justicia Legítima, también resaltó que "que, con su actual composición, la Corte Suprema restringe las opiniones y hace menos democráticas sus deliberaciones, ya que cuantas más ideas, más democracia".
Alejandro Slokar clausuró la jornada de JL “Nuevos Desafíos para una Justicia Democrática” celebrada el miércoles pasado ante una multitud convocada en la Biblioteca Nacional por la presencia del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni, y los politólogos Edgardo Mocca y Atilio Borón.
El jurista, profesor titular de la UBA y la UNLaPlata y miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, tuvo a su cargo el cierre del panel que problematizó la relación entre el Poder Judicial y la sociedad civil en el marco de una democracia moderna, a favor de medidas que contribuyan a su demorada reconstrucción institucional. En diálogo con Tiempo Judicial se explayó sobre varios de los conceptos que pregonan desde la asociación cercana al Gobierno Nacional.
¿Qué le parece la influencia del Poder judicial en la vida de la democracia?
Cabe interrogarse cuanto contribuye el Poder Judicial a la profundización democrática o, acaso, sino es un obstáculo o –peor aún, frente a distorsiones patológicas- un auténtico riesgo. Existen rasgos del judicial, casi fisiológicos, sobradamente conocidos: es un poder socialmente distante, con cierta ceguera –que va más allá de la venda-, con notas de insensatez, pero también de indiferencia, hacia grupos desfavorecidos; que se maneja con formas arcaicas en sus símbolos, sus ritos, sus ritmos. Estas son características de la justicia y del derecho en general -siempre estático y conservador-, que se instrumenta por un ‘poder permanente’, que mira al pasado.
¿Qué características le atribuye al sector del PJ que critican desde JL?
Resulta un poder demasiado autoritario, verticalista, burocrático, a veces corrompido, poco abierto a la diversidad de las dinámicas sociales, y calcado sobre un modelo que pudo haber funcionado para otro tiempo y de otro modo. Ni que hablar de su condición de ultra casta, o endogrupo cerrado, con prerrogativas cuasi monárquicas, que en no pocas ocasiones reproduce y consolida privilegios de otros intereses sectoriales. Lamentablemente, así, el Poder Judicial es concebido como un centro de poder, antes que como un poder de servicio.
¿Cree que algunos magistrados se extralimitan en su rol de control de otros poderes del Estado?
Más allá de todo lo fisiológico, hay distorsiones patológicas, por algunos extravíos y desvíos del rol institucional. En cada vez más situaciones, la inevitable fricción entre el judicial y los poderes mayoritarios corre el peligro de sobrepasar el tradicional conflicto de competencias entre poderes de estado, cuya separación y control recíproco establece el texto constitucional.
Estas anomalías van más allá de la llamada paradoja democrática, esto es, la necesidad de toda democracia de funcionar recurriendo a mecanismos no mayoritarios, o sea, los jueces. Desde Justicia Legítima advertimos sobre la peligrosa intromisión del Poder Judicial —en sintonía con organizaciones afines—en las decisiones políticas privativas de los otros poderes del Estado. Ya que con el ropaje de poder contramayoritario ha difuminado sus propios límites. Se trata de la fuerza de la corporación que, muy lejos de ser una minoría vulnerable, termina desafiando la ley.
¿Qué opina de las sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad? ¿Cree que ejercen el rol de buscar la independencia del Poder Judicial o no?
Ya en diciembre JL dijo que la independencia de la justicia y el control de constitucionalidad en manos de los jueces, lejos de consagrar la omnipotencia del Judicial, son garantías del orden democrático, y los que integran ese poder del estado deben responder por su vigencia y ampliación ante todos los ciudadanos.
Como enseña la expresión “Judicialismo”, acuñada por la escuela de Bologna, un judicial de ese talante no resulta contramayoritario, sino antimayoritario, porque por alguna rara alquimia o visión bucólica del llamado “Judicial Review” estadounidense, pareciera estar tentado a aglutinar a la oposición partidaria, so pretexto de defender la legalidad y la Constitución Nacional, todo en procura de contrarrestar las políticas del congreso nacional, tanto más si se trata de su misma conformación interna.
Mediante la trinchera sacrosanta de la independencia se constituye una suerte de cerco judicial que encubre el combate a los poderes mayoritarios y resiste - entre otras- a sus propias reformas, nacidas del voto popular. Esto no es sano desde el plano republicano, pero tampoco el democrático porque importa la abolición de la política, o una especie de antipolítica donde anida una tendencia autoritaria que se caracteriza por la juridificación de lo político, o sea, la transformación de las relaciones sociales en meras relaciones jurídicas, con preeminencia de lo técnico y el desapego a la voluntad mayoritaria.
Nuestra historia enseña que en plena década infame y durante el auge de los totalitarismos europeos, el entonces senador nacional Benjamín Villafañe descalificó a las mayorías yrigoyenistas como “Chusmocracia”. No hay que olvidar que entre la acordada que legitimó el golpe del ’30 contra el gobierno radical y el último régimen de facto se conformó al interior del judicial una suerte de memoria genética antidemocrática.
¿Este fenómeno tuvo o tiene correlato en otros países del planeta?
En el orden comparado la táctica siempre se reveló muy clara: Se trató de menoscabar a las mayorías y limitar las atribuciones de los proyectos políticos de redistribución de renta, como el clásico sabotaje a la legislación social de New Deal por parte de la Corte Roosevelt o, más próximo, el hostigamiento de la corte a la experiencia de Unidad Popular del gobierno de Salvador Allende, que violentamente cancelo la tragedia del golpe militar en Chile un día como hoy.
En casi todas las sociedades el aparato jurídico -fundamentalmente la doctrina, que nutre de argumentos a la rama judicial- se monta en algún momento histórico a la medida de un sector hegemónico que aspira a seguir reteniendo la mayor renta y, por tanto, se opone a políticas que reduzcan la estratificación social y extiendan la inclusión para mayores sectores sociales.
Esto es más evidente aún en la actualidad dentro de un contexto de universalización del capital financiero (o globalización financiera), con un mercado mundial jerárquicamente estructurado, que para operar procura un estado –luego, un judicial- reducido a un aparato de dominación burocrática al servicio de una hegemonía externa con sus ramificaciones de privilegio locales. Y para ello requiere no sólo concentración de poder de forma horizontal –con relacion a los demás poderes formales- sino también vertical, en las cúpulas.
En el plano nacional, qué le parece la situación actual de la Corte Suprema de Justicia y su número de integrantes.
Desde Justicia Legítima advertimos que la “desintegración” de la Corte y la voluntad de ciertos sectores de impedir su conformación plena es una gravísima anomalía institucional que no puede persistir por la gravedad de sus consecuencias. A finales del año pasado denunciamos que la falta de integración no sólo incumple las disposiciones constitucionales, sino que deslegitima la labor de la Corte Suprema porque restringe las opiniones y hace menos democráticas sus deliberaciones, ya que cuantas más ideas, más democracia. En este caso, más es mejor.
¿Qué le parece el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación?
Lo propio; existen sectores internos empeñados en el obstruccionismo, en impedir su actuación. Es indispensable reformular estrategias para la dinamización de su funcionamiento y, con urgencia, cumplir con el diseño de la Constitución que fija el gobierno por parte de los jueces, y no de la Corte, en materia presupuestaria y administrativa. Esta traslación de funciones no es regular y, vaya paradoja, que en la cabeza de la burocracia judicial no se cumpla con la constitución.
¿Qué cambios realizaría en el modelo de la justicia actual?
Hay que desmitificar a las burocracias y a los mandarines de turno, que creen tener el monopolio científico, y hasta ético, de lo justo. Esto trasciende los despachos palaciegos y las salas de acuerdo o de audiencias. Una transformación jurídico-institucional tiene que incardinarse en la dinámica de conflictividad del poder y atender –fundamentalmente- el reclamo de la ciudadanía.
Nuestro colectivo, JUSTICIA LEGÍTIMA, una vez más, como lo viene haciendo desde 2012, reclama un debate amplio y plural acerca de las decisiones y los modos de actuación del Poder Judicial, ya que existe un modo diferente de concebir el derecho, la magistratura y la jurisdicción dentro de un sistema democrático. De seguro es un interesante desafío para el período venidero, que reserva un cuaderno con hojas en blanco que esperan sean escritas con la atención en la defensa de los derechos de los más vulnerables contra los intereses sectoriales (económicos, mediáticos, religiosos) que pugnan por mantener un status quo inequitativo e impiden el avance de los derechos de todos.
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