Una supuesta estafa por 64 millones de pesos tras la contratación de un software que ya pertenecía a la justicia fue denunciada ante el fuero criminal federal por el abogado Ricardo Monner Sans. La causa recayó ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuán será el encargado de impulsar la investigación. La maniobra habría sido llevada a cabo por la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático (UEPI), creada en el 2009 y dependiente del Consejo de la Magistratura.
El denunciante pide que se investigue a los integrantes de la UEPI, Gabriel Melhman, Carlos Tate, Jorge Nasisi, Juan Carlos Cavo y Alejandro Falcone, como a los integrantes de la Comisión Evaluadora , Alfredo Catoira, Alfredo Quiñones, Eduardo Parody y Marcelo Gallo Tagle, dependientes de la Corte Suprema y la Magistratura.
Todos ellos, entre 2009 y 2011, licitaron el software de gestión del Poder Judicial, aunque en el escrito figuran también como posibles responsables otros funcionarios que ya se encuentran imputados por la justicia federal por supuestos desvíos en las obras públicas, Germán Krieger, ex administrador del poder judicial, Luis Alberto Devoto, Secretario de Asuntos jurídicos y Walter Eusebio, director de Administración.
La denuncia también se extiende a los directivos de la firma ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A. – BASE 100 S.A. UTE, adjudicataria de la licitación pública, por una suma cercana a los $ 64.000.000, equivalente a U$S 20.000.000 de ese momento.
Los delitos que se les imputa son la posible comisión de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales y encubrimiento.
En febrero de 2008 la “Comisión Informática” surgida de la “Segunda Conferencia Nacional de Jueces”, presentó el “Proyecto Informático” del Poder Judicial de la Nación que, a pesar de la difusión que le dio la Corte Suprema, mereció serias objeciones de parte del Banco Mundial; FORES; el Banco Interamericano de Desarrollo y el consejero Pablo Mosca, representante de los abogados del interior desde el 2006 al 2010, quienes señalaron que el plan era de muy baja performance tecnológica, de escaso impacto transformador, de alto costo económico y de muy rápida desactualización, detalla el escrito.
A pesar de las críticas la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura decidieron avanzar “raudamente” en la contratación que, estuvo claramente direccionada a favorecer a la empresa que resultó adjudicataria, explica Monner Sans.
“Las irregularidades del proceso licitatorio y la violación de las condiciones del pliego por parte de ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A. – BASE 100 S.A. (UTE) fueron más que evidentes, pero se zanjaron con la permanente convalidación de la Secretaría de Asuntos Jurídicos dirigida por Luis Alberto Devoto”, aclara el abogado, quien sostiene que la licitación estuvo “direccionada”.
Explica Monner Sans que dos meses antes de esta contratación se llevó a cabo otra licitación pública, para adquirir licencias de bases de datos “Oracle” y, así, condicionar el oferente del software dejando al Poder Judicial con menos opciones en el mercado.
El sistema adquirido a ATOS ORIGIN ARGENTINA S.A. - BASE 100 S.A. (UTE), es una versión mejorada del que originalmente proveyó la firma Unisys, antiguo sistema del fuero civil, ya que sus desarrolladores eran antiguos integrantes de Unisys, explica el letrado.
Este sistema, costó más de U$S 25.000.000, no sería el adecuado para la actividad de los fueros penal, laboral y seguridad social, por cuanto originalmente era un software pensado para el fuero civil.
Para Monner Sans, el Poder Judicial de la Nación habría “re comprado” el Unisys original que, con alguna variante, fue replicado en el resto de los fueros con resultados disímiles, es decir se pagó por un software que ya se poseía y que no funciona al día de hoy en forma satisfactoria en la mayoría de los fueros.
Se trata de un producto “reciclado” que ya era de propiedad del Poder Judicial de la Nación y por el cual los integrantes de la Unidad Ejecutora del Proyecto Informático, continúan habilitando pagos a la empresa que actualmente está reclamando la suma de $ 35.000.000 más IVA, en concepto de restricción cambiaria, trabajos adicionales de desarrollo, capacitación y puesta en marcha del sistema ya realizados, variación de costos del proyecto.
Apenas arribó la causa a los tribunales de Comodoro Py, causó revuelo por la presunta vinculación de los funcionarios al administrador general de la Corte Suprema, Daniel Marchi.
Comentarios recientes