Así se expresa y titula el comunicado de la Asociación de Magistrados presidida de este año por primera vez por una mujer. Se trata de la Dra. María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, elegida el pasado 24 de noviembre, como presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
Hoy, el presidente Mauricio Macri señaló que se necesita "una justicia más eficiente, cercana y dinámica que dé respuestas" al encabezar en la Casa de Gobierno el acto de transferencia de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La ceremonia de traspaso de la Justicia penal ordinaria al ámbito porteño se llevó a cabo en el Salón Blanco con la asistencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y otras autoridades nacionales, de la ciudad de Buenos Aires, judiciales e invitados especiales.
Ya se hizo nota el repudio de la asociación de varios jueces, defensores y fiscales y este es el comunicado al que accedió Tiempo Judicial:
Ante la inminencia de la suscripción entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un convenio para la transferencia de funcionarios, empleados, órganos y competencias de la Justicia Nacional Penal al ámbito de ésta última, esta Asociación rechaza enfáticamente dicha decisión como ya lo ha manifestado en anteriores oportunidades.
Además de los temas puntuales planteados desde hace años, señalamos el riesgo de que este traspaso y el nombramiento futuro de magistrados obedezca a razones políticas. En el mismo sentido, advertimos la gravedad de enjuiciar y expulsar a esos magistrados con la mayoría simple de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, conforme las normas allí vigentes.
Esta estabilidad precaria conspira sin duda contra el derecho de los habitantes de la ciudad a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes, resultando irreal que dicho traspaso pueda mejorar el servicio que a ellos se les presta, ya que seguirá siendo el mismo número de personas que en el mismo territorio atenderá idéntica cantidad de causas penales.
Tal circunstancia se ve agravada cuando el propio convenio prevé la transferencia, entre muchos otros, de los delitos contra la administración pública que pudiesen cometer las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En lo concerniente a los Ministerios Públicos, manifestamos que el traspaso previsto atenta contra las garantías de autonomía e independencia consagradas en el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Por lo expuesto, manifestamos una vez más nuestro rechazo al desmembramiento de la Justicia Nacional Penal, reiterando así la posición que ininterrumpidamente mantuviera esta Asociación, la que será sostenida frente a todos los poderes del Estado, iniciándose oportunamente las acciones que correspondan.
Está firmada por María Lilia Díaz Cordero, su presidente; el juez Néstor Costabel, vicpresidente, los vices por el ministerio de le defensa y los fiscales, José Atilio Álvarez y Ricardo Sáenz así como Fátima Nicastro, vicepte por funcionarios, y Marcelo Gallo Tagle, secretario General.
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