El traspaso firmado hace dos semanas entre los gobiernos nacional y porteño implicó la reacción de todos los sectores de los operadores judiciales. En este caso, los magistrados nucleados en la AMFJN realizaron el viernes pasado una medida inédita en los últimos años en contra de la medida, que aún no rige. De hecho, la Legislatura porteña y el Congreso deberán aprobar sendas leyes para su vigencia lo que puede durar varios meses.
"Ante la suscripción entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un convenio cuyo objeto es la transferencia de funcionarios, empleados, órganos y competencias de la Justicia Nacional Penal al ámbito de ésta última, esta Asociación reitera su más enfático rechazo a esa decisión, que viola la Constitución Nacional y vulnera los derechos laborales adquiridos por secretarios, funcionarios y empleados", expresa el comunicado de la flamante titular de la entidad, la Dra. María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero.
Por esta razón, explican desde la entidad, y "a fin de defender y preservar los derechos de todos los estamentos del Poder Judicial y los Ministerios Públicos de la Nación" la asociación que más influencia tiene en los jueces nacionales y federales "resolvió por unanimidad convocar a magistrados, secretarios y funcionarios del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos de la Nación a una reunión en la planta baja del Palacio de Justicia, con suspensión de tareas, para el viernes 3 de febrero a las 12:30 horas".
Un ex presidente a favor
El ex presidente de la AMFJN, y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, Luis María Cabral, envió la siguiente carta a la actual presidenta a modo de apoyo del convenio de traspaso de la Justicia Nacional Penal a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Señora presidenta,
Quiero hacerte llegar mi expreso apoyo a la postura de rechazo a la transferencia de competencias y órganos judiciales y de los Ministerios Públicos nacionales a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que estás encabezando en nombre de nuestra Asociación.
Más allá del desacuerdo con el criterio de interpretación constitucional que pretende fundar esta decisión política, la transferencia proyectada no dará las soluciones mágicas anunciadas.
La reforma judicial necesaria debe atender a las modificaciones procesales y la provisión de recursos adecuados para mejorar la tarea.
No se trata de razones de presuntas jerarquías, pero sí debemos asegurar que los derechos adquiridos por empleados y funcionarios en el orden nacional no sean afectados, ni tampoco su expectativa de una carrera como es posible en la organización nacional.
El avance institucional que significa la plena autonomía de los Ministerios Públicos y los resguardos para que los magistrados no puedan ser removidos sin el acuerdo de mayorías especiales se perderían, lo que implica una disminución de las garantías para asegurar su independencia.
Tampoco se han considerado las necesidades edilicias e informáticas y de compatibilización de sistemas, entre muchos otros problemas que deberían resolverse antes de prometer paraísos judiciales. Lo cierto es que ninguna de estas reformas tiene consecuencias benéficas para los justiciables si no se avanza en nuevos procedimientos, en informatización y aplicación de suficientes recursos. Solo sirven para complacer veleidades políticas.
No se trata, en conclusión, de una mera oposición a la iniciativa del Gobierno nacional, sino de preservar los valores centrales de la Justicia, que debe ser independiente tanto de los poderes como de los poderosos y mantenerse fuerte, imparcial y eficiente con los reclamos la ciudadanía a la que nos debemos. Seguiremos trabajando para optimizar el servicio que presta el Poder Judicial de la Nación y sus Ministerios Públicos, pensando en satisfacer la aspiración de justicia de la sociedad.
Un juez que renunció por el paro
Según difundió Infobae, en una carta dirigida a la presidente de la Asociación, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, López Biscayart manifestó que: "(La convocatoria) importa una medida de fuerza que estimo impropia de la magistratura, máxime que se dirige en contra de un criterio jurídico que ya fue motivo de pronunciamiento de la Corte Suprema en los casos 'Corrales' y 'Nisman'".
Y concluyó: "Mi convicción en el sentido de que, en una república, los eventuales conflictos políticos deben resolverse siempre institucionalmente, me impide continuar asociado a esta institución, por cuanto mi permanencia en ella importaría avalar la legitimidad de la medida".
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