"El ciudadano va a tener una prestación de la Justicia que le brinde una mejora de la calidad de vida", dijo ayer Enzo Pagani, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el proceso de transferencia de la justicia nacional a la órbita porteña, en diálogo con el programa Tiempo Judicial, transmitido por la radio Conexión Abierta.
El traspaso de la justicia a la Ciudad fue acordado el mes pasado entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta. En la firma del convenio, Macri dijo que los vecinos "van a poder dirimir sus conflictos de la vida diaria a través de un Poder Judicial propio". Desde el Consejo de la Magistratura esperan que el traspaso aliviane en un 60 por ciento la carga operativa que actualmente tienen los tribunales de Nación.
El transferencia de la Justicia Penal contemplaría, en esta primera etapa, las 54 estructuras que están vacantes de ese fuero, que incluye juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías sin titular nombrado. El traspaso implica que la Ciudad empezará a tener a su cargo a todos los magistrados y empleados del fuero, aproximadamente 490 personas. El convenio deberá ser ratificado por los poderes legislativos de ambos distritos.
"Es un derecho constitucional en favor de la Ciudad pero sabemos que acá hay intereses políticos", dijo Pagani ya que el traspaso está previsto por la Constitución nacional desde su reforma en 1994. En cuanto a la preocupación que despertó el traspaso en los trabajadores judiciales y los magistrados, agregó: "No hay un solo juez que se esté traspasado de manera forzada".
Pagani explicó que "la preocupación está más puesta en materia de seguridad" y estimó que el proyecto será tema de debate en el Congreso durante "dos o tres meses".
Comentarios recientes