La Procuradora General de la Nación, Alejandro Gils Carbó, cargó la responsabilidad sobre un funcionario a su cargo en su declaración ante el juez federal Julián Ercolini por las irregularidades en la compra del edificio del organismo, ubicado en Perón 667, por el que se pagaron casi 44 millones de pesos en 2013.
La empresa Arfinsa -del Grupo Bemberg- le pagó una comisión de 7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento, y ésta a su vez pagó 3 millones a Juan Carlos Thill, un productor de seguros y quien es medio hermano de Guillermo Bellingi, este último subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.
Según la acusación, la licitación estaba previamente planificada y direccionada hacia la compra de ese edificio y en ese sentido los investigadores evalúan una serie de contactos entre los acusados interesados en el inmueble. En su descargo por escrito, al que le sumó las preguntas que hizo el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, Gils Carbó aseguró que ella no cobró comisión alguna y que Bellingi "defraudó" su confianza.
Según explicó, "las presuntas irregularidades penales" son de Thill y Bellingi, y que el primero de ellos cobró una "comisión indebida". Incluso, aseguró en el escrito al que accedió NA que las autoridades de la Procuración desconocían de la relación de Belligni, entonces subdirector del organismo que ella conduce, con Thill y de éste con la inmobiliaria Jareguiberry. Además, Gils Carbó aseguró no tener una relación de confianza con él y dijo que el ex funcionario no formaba parte del Gabinete de la Procuradora.
Por otra parte, explicó que la licitación fue revisada por diez áreas técnicas internas del organismo y dos externos: "los responsables de todas las áreas de la Procuración que intervinieron son funcionarios de carrera, que participaron en múltiples licitaciones anteriores", agregó.
Ercolini cerró ya la ronda de declaraciones indagatorias ordenadas en la causa y, salvo que ordene más citaciones, quedó en condiciones de definir la situación procesal de los imputados. Tanto Thill como Bellingi se negaron a declarar al concurrir a tribunales.
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