El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) presentó ayer un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación, que plantea un órgano de 17 miembros en lugar de los actuales 13, con la integración de un ministro de la Corte Suprema, que no puede ser el presidente. Propone, además, que todos sus miembros sean rentados con el equivalente al sueldo básico de un camarista federal penal y que se excluya a los condenados por delitos de lesa humanidad o corrupción.
De aprobarse esta ley, el órgano que tiene a su cargo la selección de magistrados y la administración del Poder Judicial pasaría a integrarse por cuatro abogados con matrícula federal, inscriptos en el CPACF o en las Cámaras del Interior; cuatro jueces, dos federales, uno de Capital Federal y uno del interior; un miembro de la Academia, que no puede ser juez ni legislador en ejercicio; seis representantes del Poder Legislativo que no sean diputados o senadores; un representante del Poder Ejecutivo y un ministro de la Corte Suprema, que no puede ser el presidente. Todos los cargos duran cuatro años, salvo el del representante del máximo tribunal que dura uno con rotación.
Jorge Rizzo, presidente del CPACF, aseguró a Tiempo Judicial que el proyecto fue presentado porque consideran “inconstitucional” la actual Ley 26.080, sancionada el 22 de febrero de 2006, que modifica a la Ley 24.937 del Consejo de la Magistratura, de 1997.
El proyecto vuelve a incluir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Consejo de la Magistratura. Sin embargo, a diferencia de la antigua ley de 1997, el CPACF propone que sólo puedan integrar los ministros del máximo tribunal, no así el presidente. “Es para que nadie tenga el control completo del Poder Judicial, es lo más sano”, aseguró Rizzo.
El titular del CPACF consideró que la actual ley “violenta la forma republicana de gobierno” en la inclusión directa de diputados o senadores en el Consejo. Tal es así que el proyecto plantea que en lugar de senadores y diputados en persona, sean representantes suyos los que integren el órgano, sea un asesor o un delegado como guste a usted llamarlo. “Si se es diputado o senador no se tiene demasiado tiempo material para ocuparse plenamente del cargo de consejero porque la función primaria es en el Congreso”, dijo Rizzo. Y agregó: “Estás en el Poder Legislativo o estás en el Poder Judicial”.
Jorge Rizzo, tres veces presidente del CPACF, que logró frenar la reforma del CM en primera instancia.
Por otro lado, el proyecto amplía los requisitos para los consejeros: no podrían integrar el Consejo las personas con procesamiento firme, los condenados por delitos de lesa humanidad o corrupción, los condenados por delito doloso en los últimos 20 años y los de delitos culposos o administrativos en los últimos 10 años. “Nos pareció correcto. Las personas que están excluidas lo están por causas más que suficientes. Tiene que ser un lugar donde vayan las personas que tengan buenos antecedentes”, remarcó Rizzo.
Otro punto saliente del proyecto de ley es el inciso 7 del séptimo artículo que modifica la cantidad de consejeros necesaria para abrir un proceso de remoción a un magistrado. En lugar de los dos tercios de los presentes necesarios en la actualidad, el CPACF plantea el voto de la mayoría absoluta de los miembros totales del cuerpo, es decir, 9 votos siempre.
Reunión cumbre entre Rizzo, el ministro Garavano, el diputado Pablo Tonelli y el presidente del Colegio de la Ciudad, Guillermo Lipera.
También cambiaría el poder de decisión del presidente del órgano. El proyecto propone quitar la facultad de voto regular y voto doble en caso de empate que tiene actualmente la cabeza del Consejo y reemplazarla por un único voto en situación de empate. Rizzo explicó que esta modificación se hizo para evitar que el presidente, “si juega para un bando”, tenga dos votos.
Además, en la Comisión de Selección se propuso asegurar el anonimato de los concursantes a magistrados hasta la calificación final “para que no haya acomodados”.
Comentarios recientes