En un comunicado con fecha de ayer la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional volvió a reiterar al Gobierno nacional que cese en sus cuestionamientos a los jueces por el contenido de sus sentencias. En este caso, fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien cuestionó a los jueces civiles por "mal desempaño" en una causa del Instituto Patria, que lidera Cristina Kirchner.
Se trata de los camaristas Víctor Liberman, Gabriela Iturbide y Marcela Pérez Pardo quienes son integrantes de la Sala L de ese fuero, quienes en un fallo reciente le dieron el aval judicial al Instituto Patria para que mantenga en reserva los datos de sus asociados.
La Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, le pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación que suspenda a esos camaristas por considerar que dictaron un "fallo político" y requirieron que se los acuse ante un jury. "La sentencia está viciada de parcialidad y arbitrariedad", señaló el organismo del Poder Ejecutivo.
La IGJ exigió durante meses copia del Libro de Asociados del Instituto Patria, un documento que deben entregar todas las asociaciones civiles para funcionar, porque respalda las donaciones de los socios.
La fundación que responde a Cristina Kirchner se resistió a entregar los libros y alegó que es información "sensible" protegida por la ley de datos personales. El exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli llegó a irrumpir en la IGJ para denunciar una "persecución política".
Tras ser sancionados por la IGJ, desde el Patria judicializaron la cuestión y consiguieron el aval de la Cámara Civil. La Sala L consideró que "la manda impuesta por la IGJ lesiona derechos constitucionales de los asociados del Instituto Patria, como el derecho a la no discriminación y la libertad de conciencia".
La IGJ ahora cuestiona el fallo de los camaristas por considerarlo contrario a la ley. "Puso en crisis al organismo vaciándolo de contenido con respecto a sus competencias en materia de asociaciones civiles", señaló el organismo en su pedido de juicio político.
"La IGJ solicitó datos de carácter meramente nominativos a los fines de poder fiscalizar fehacientemente los aportes recibidos de parte de sus socios", señaló el escrito, y alegó que de este modo "no se podrá verificar la licitud o ilicitud del origen de los fondos" de la fundación de la expresidenta.
Los jueces Luis Lozano, Luis María Cabral, Rafael Gutiérrez (tapado) y Liliana Catucci.
Tras las declaraciones de Garavano, ayer la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que conduce la también magistrada civil y camarista María Lila Díaz Cordero, expresó en un comunicado que "en un Estado democrático y republicano de derecho es indispensable un respeto irrestricto a las decisiones de cada poder en su propio ámbito".
En esa línea de pensamiento, la entidad que nuclea cientos de jueces, fiscales y secretarios de la Justicia nacional y federal expresó que "ante los pedidos de juicio político contra los tres integrantes de la sala “L” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, esta Asociación reitera una vez más que la independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente".
En tanto, expresó que "la actividad jurisdiccional, está expuesta a la crítica que toda persona tiene el inalienable derecho de ejercer cuando crea que puede sentirse alcanzado o afectado por algún pronunciamiento o decisión, pero ello nunca puede dejar de discurrir por las vías recursivas normales".
Las solicitudes de juicio político a los referidos magistrados por el contenido de sus pronunciamientos, más allá del acierto o error de éstos, implican una evidente e indebida injerencia en la actividad jurisdiccional.
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