Hoy es el Día del Empleado Judicial, pero está marcado por el contexto álgido y áspero en cuestiones salariales. ¿Por qué? Porque el Congreso avanzó en un proyecto de ley para que jueces y empleados paguen el impuesto a las ganancias. Esto generó que los jueces critiquen por lo bajo, y que el gremio de los empleados judiciales alce la voz y lanzara otra medida de fuerza para el mismo día del tratamiento del proyecto en sesión: el próximo 21 de noviembre habrá paro de judiciales.
Tras conocerse la noticia que la cámara de Diputados podría tratar el proyecto de ley que exigiría a empleados, funcionarios y jueces de todo el país tributar el impuesto a las ganancias, el gremio de los empleados judiciales lanzó varias medidas de fuerza. Y se espera la reacción de jueces y fiscales, justamente a pocos días de celebrarse elecciones en la asociación nacional de magistrados y funcionarios el próximo 22 de noviembre.
La UEJN conducida por Julio Piumato lanzó un duro reclamo al "gobierno nacional que lanza una nueva ofensiva contra el Poder Judicial de la Nación.El Poder Ejecutivo no soporta que el más Alto Tribunal se niegue a que le sea fijada la agenda de los temas a decidir".
"La UEJN rechaza, como lo ha expresado siempre, este perverso impuesto que padecen la mayoría de los trabajadores argentinos. Porque es un ROBO que sólo pretende recaudar para el pago de intereses de una deuda que es fruto de la especulación financiera", así corto y conciso considera un "robo" el pago del tributo.
En tanto, ayer se reunieron de urgencia las autoridades de las tres listas de jueces que conforman la AMFJN (Ver comunicado) con representantes de diputados nacionales para expresar "su preocupación" por el posible tratamiento del proyecto que modificaría la ley 27.346 que hoy "exime a los jueces y funcionarios del pago de ganancias".
La postura más "light" de los magistrados
La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) que a 25 colegios de jueces del interior del país acordaron el comunicado a fines de octubre: “La Independencia y el respeto entre los tres Poderes del Estado son pilares irrenunciables del sistema republicano de gobierno. La garantía de intangibilidad de las remuneraciones no constituye un privilegio sectorial ni, mucho menos, personal de los magistrados y funcionarios judiciales, quienes aceptan las restricciones, obligaciones y garantías que impone el ejercicio de sus funciones y así lo han enfatizado en reiteradas ocasiones nuestra Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos”.
Por último, la FAM, en representación de sus asociados, afirmó que “la garantía de la intangibilidad tiene por finalidad evitar este tipo de modificaciones constantes preservando las reglas mínimas de funcionamiento del Poder Judicial”.
La entidad más famosa que agrupa a los jueces, fiscales, defensores y funcionarios explicó que las tres listas que convergen en el Consejo Directivo de la A.M.F.J.N. (Lista Bordó, Lista Celeste y Compromiso Judicial) llegaron un acuerdo y “han convenido realizar de modo coordinado y aunando esfuerzos para llevar a cabo todas las gestiones que se encuentran a su alcance para preservar la intangibilidad de la remuneración de los magistrados y funcionarios que integran el servicio de justicia” que “será mantenida ante cualquier coyuntura política que se avecine”.
Díaz Cordero, el juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, y la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich en una cena anual de la AMFJN.
En este contexto, la Corte tratará una causa el amparo por ganancias el 27 de noviembre y el 18 de diciembre el reclamo de los jubilados. Desde la UEJN denuncian que tiene que ver con la avanzada que se impulsó desde el Gobierno nacional para que el Congreso trate en una de las últimas sesiones del año (21 de noviembre) el proyecto que pretende "extender a todos los judiciales esta práctica confiscatoria sobre los salarios".
Piumato denuncia que "el impuesto al trabajo es un robo porque viola el CONVENIO 95 de la OIT que fija el carácter remunerativo de los salarios y su naturaleza alimentaria, porque en la práctica significa una reducción salarial actual y futura, que se suma a la pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación".
Así como, según la UEJN, "ignora la naturaleza propia de la función judicial que impide a sus agentes, funcionarios y magistrados desarrollar cualquier otra actividad laboral, profesional y/o comercial (con excepción de la docencia), hecho que no se da en ninguna otra actividad pública o privada".
En tanto, los jueces ya han expresado el rechazo desde la AMFJN al pago del tributo más allá de algunas declaraciones aisladas como Lorenzetti o Rossati. Entonces, el próximo 21 de noviembre habrá "paro nacional de actividades en el Poder Judicial de la Nación, los Ministerios Públicos de la Nación y los poderes judiciales de Tierra del Fuego, CABA, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Formosa, Santa Fe, Misiones y Corrientes".
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