En un fallo unánime, el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación revocó la cautelar iniciada por la Asociación de Magistrados frente a la ley que habilitaba el pago del impuesto a los jueces que ingresaron en 2017 al Poder Judicial. La cautelar había frenado el tributo a algunos magistrados que asumieron sus cargos el 1 de enero de ese año. No se expidió sobre el fondo de la cuestión. 

En el Poder Judicial del ámbito nacional, trabajan cerca de 19.400 personas entre empleados, funcionarios y jueces. Al día de hoy, se les deduce el impuesto a las Ganancias a solo ocho jueces "nuevos" que ingresaron hace un año, pero el tributo lo pagan y lo pagarán jueces, funcionarios y empleados judiciales. 

Es porque la Corte Suprema hoy rechazó la demanda que había presentado la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) como medida cautelar para que se frene la aplicación de esa ley. En primera y segunda instancia en el fuero Contencioso Administrativo Federal había tenido sentencia favorable a la entidad que nuclea a magistrados nacionales. 

Hoy, la Corte Suprema resolvió por unanimidad revocar la medida cautelar que había exceptuado del pago del impuesto a las ganancias a un grupo de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público que asumieron sus actuales cargos con posterioridad al 1° de enero de 2017, informa el Centro de Información judicial.

Para así decidir, la Corte sostuvo que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal utilizó argumentos dogmáticos e insuficientes para admitir la procedencia de la medida solicitada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y que, por ello, su decisión fue arbitraria.

Nueva CSJN de Macri.

 

 

En noviembre de 2017, el juez Esteban Furnari hizo lugar al planteo hasta que se defina la constitucionalidad de la ley 27.346, en una resolución que fue confirmada en marzo por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Hoy, la Corte marcó la cancha. 

A esa causa pide sumarse la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) que nuclea 15.740 jueces del interior, quienes pueden llegar a cobrar la mitad del sueldo que un magistrado nacional, dependiendo la provincia en la cual ejercen su magistratura.

El fallo de hoy abrió el abanico a nuevas demandas contra el pago del impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta que la Corte Suprema pidió que se resuelva la cuestión de fondo. Con la nueva composición. ¿Habrá un cambio cultural? ¿El nuevo presidente Carlos Rosenkrantz se ganará el odio de los suyos tan rápido avalando el pago del impuesto? Respuestas que sólo debe dar el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, luego del cimbronazo de la salida de Lorenzetti y su séquito.

La última acordada de la Corte Suprema rechazando el pago de Ganancias es de 1996. Una nueva ley obligaría a sus integrantes a una acordada, que implica que sus cinco ministros se manifiesten. Ahora, con Carlos Rosenkrantz en la presidencia.

Según periodistas especializados consultados por este medio y fuentes gubernamentales, se estima que si se aprueba la ley unos 1000 funcionarios y jueces de la Justicia federal y nacional empiecen a pagar el tributo. Hasta ahora de unos 700 jueces nacionales y federales, hasta ahora solo ocho jueces nacionales pagan el impuesto a las Ganancias –junto a otros 417 empleados y funcionarios- que ingresaron después del 2017 al Poder Judicial. Y ningún fiscal paga el impuesto de los 270 cargos ocupados, según la Procuración General de la Nación.

¿Cuánta plata recaudaría el Estado?

Según sus números y los proyectos de ley presentados en el Congreso por el pago del impuestos de los magistrados, en 2016 el Estado nacional sufrió una pérdida por no recaudar este impuesto fue de 4607 millones de pesos. En 2017 fue de 5759 millones y en 2018 de 6911 millones de pesos. El proyecto plantea modificar la ley 26.628. La iniciativa habla de cambiar el inciso A del artículo 79.

Con números más exagerados que los radicales, el Ministerio de Economía había preparado semanas atrás un informe en el que alertó que la exención de Ganancias a los ingresos de los jueces y funcionarios de los Poderes Judiciales nacionales y provinciales le impediría al Estado recaudar este año $ 7.337 millones. En 2019, esa suma ascenderá a $ 9.854 millones, lo que equivale al 0,05 del PBI. Para tener una idea de cuánto representa esa cifra hay que pensar en que el Presupuesto prevé una inversión en Educación de 10.166 millones de pesos.