Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia confirmaron el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidente Cristina Kirchner por el delito de "asociación ilícita, en calidad de jefa y cohecho pasivo 27 hechos, en calidad de coautora".
En el extenso fallo de procesamiento al que accedió Tiempo Judicial, los jueces de la Sala I Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, delinearon los nombres que integran, según ellos, la asociación ilícita ideada para recaudar coimas de 12 personas, todos ex funcionarios del kichnerismo. (CFP N° 9608/2018)
A los ex ministros Julio De Vido y Roberto Baratta, se les modificaron la calificación legal atribuida por la de “asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho pasivo por 94 hechos”.
Los dos ex funcionarios y empleados de Cristina Kirchner que vieron confirmados sus procesamientos en segunda instancia son: José López, Rafael Llorens, Nelson Lazarte, José María Olazagasti y Claudio Uberti por el “delito de asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho pasivo”. Todos con prisión preventiva. Así como el hombre de los cuadernos, el chofer Oscar Centeno fue procesado sólo por el delito de asociación ilícita.
El empresario dueño de Electroingeniería y Radio Del Plata, Gerardo Luis Ferreyra, modificaron su procesamiento en segunda instancia y los camaraista le atribuyeron la calificación jurídica legal “de asociación ilícita en calidad de miembro y cohecho activo –quince (15) hechos-, en calidad de autor”, expresa el extenso fallo de la cámara criminal. Así como Germán Ariel Nivello, ex funcionario y subsecretario de Obras Públicas de Cristina Kirchner, o sea el segundo de José Lópéz, el “hombre de los bolsos en el convento”.
Ernesto Clarens fue procesado en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho pasivo. El empresario y ex titular de la Cámara de la Construcción durante el kirchnerismo, Carlos Wagner, la cámara modificó su la calificación legal atribuida por la de asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho activo siete hechos.
Empresarios salvados
Ambos jueces cambiaron las carátulas de los procesamientos de varios empresarios de empresas de obra pública de renombre. Se confirmó en segunda instancia el delito de dádivas denominado “cohecho activo” o sea el pago de coimas de dinero para obtener beneficios en licitaciones de obras públicas. Sin prisión preventiva para la mayoría.
El fallo confirmó parcialmente el procesamiento sin prisión preventiva de Aldo Benito Roggio, Luis María Cayetano Betnaza, Enrique Menotti Pescarmona, Ángelo Calcaterra, Hugo Antranik Eurnekian, Alberto Taselli, Hugo Alberto Dragonetti, Benjamín Gabriel Romero, Hernán Diego Del Rio, Manuel Santos Uribelarrea, Alejandro Pedro Ivanissevich, Juan Chediack, Juan Carlos Lascurain, Armando Roberto Loson, Raúl Víctor Vertúa, Juan Carlos De Goycochea, Claudio Javier Glazman, Carlos José Mundín, Walter Rodolfo Fagyas, y Fabián Ezequiel García Ramón y Néstor Emilio Otero, a este último también se lo procesó por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil en dos hechos.
Libres
Los camaristas dispusieron en el fallo de ayer “revocar la prisión preventiva de Hernán Camilo Gómez, Fabián Ezequiel García Ramón, Walter Rodolfo Fagyas, Carlos José Mundín, Raúl Víctor Vertúa, Néstor Emilio Otero, Juan Carlos Lascurain y Hernán Diego Del Rio, y ordenaron su libertad.
Falta de mérito a Oyarbide y Parrilli
En tanto, revocaron el procesamiento decretado y dispusieron la “falta de mérito”, o sea que no hay pruebas de culpabilidad pero tampoco de inocencia para el empresario Sergio Taselli, el operador judicial Francisco Javier Fernández, el ex secretario legal y técnico, Oscar Parrilli, el ex secretario de Energía del kirchnerismo, Jorge Mayoral y Norberto Oyarbide.
Procesados que están libres
Bertuzzi y Bruglia decidieron revocar la falta de mérito y decretar el procesamiento sin prisión preventiva de los empresarios Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Armando Poblete, Jorge Guillermo Neira, Héctor Alberto Zabaleta, Francisco Rubén Valenti -todos ellos en calidad de partícipes necesarios- y Osvaldo Antenor Acosta.
El primero es Héctor Javier Sánchez Caballero, directivo de las firmas ODS S.A. e IECSA S.A., quien según explica el fallo, fue “el encargado de realizar los 16 pagos registrados durante 2013 y 2015, tanto en la sede de ODS S.A., sita en la calle Manuela Sáenz Nº 323/351, como en el estacionamiento del hotel “Hilton”, por indicación de Ángel Jorge Antonio Calcaterra”.
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