De visita en la Argentina
Entrevista Exclusiva con el Dr. César Rodríguez Garavito
Director del Centro Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA)
Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia.
“En América Latina los políticos de izquierda o derecha tienen mucha incidencia sobre el Poder Judicial”
En las oficinas de la Editorial Siglo XXI, en Palermo, y con un café de por medio, el especialista en Derecho Constitucional y de Derechos Humanos dialogó con Tiempo Judicial sobre política, Derecho, medios de comunicación, entre otros temas, no dejando de lado la realidad que vive su país con las FARC y los paramilitares.
¿Cómo concebimos al Derecho en general en América Latina?
Lo que tratamos de hacer en el libro “El Derecho en América Latina”, que coordiné, pero está hecho con autores de distintos países de América Latina, fue tratar de mirar el Derecho en Latinoamérica desde adentro. Es decir, para estudiar el Derecho, normalmente se utilizan teorías de Estados Unidos y de Europa, y para practicar el Derecho normalmente hay una relación de subordinación con lo que se produzca en esos países. Aunque el mundo haya cambiado bastante, Europa está en crisis y EE.UU ha perdido poderío político. El libro es un esfuerzo por atreverse a pensar desde adentro el diálogo con los otros países. Dejar la relación de subordinación y decir: “bueno sí, asumimos que el Derecho funciona de esta forma en América Latina”.
El Derecho en Latinoamérica tiene varias deficiencias. Una que es recurrente, es la concentración del poder en el Poder Ejecutivo que trastoca las garantías básicas del Estado de derecho. Ya sea por derecha o por izquierda, se encuentra normalmente una tendencia al presidencialismo, que tiende a querer quitarle, por ejemplo, independencia al Poder Judicial. Ese es un problema recurrente dentro de gobiernos de derecha, como Fujimori en Perú, de izquierda, como en Venezuela y mismo en Ecuador. Esto limita la capacidad del derecho de ser autónomo. Otro tema que yo resaltaría es la desigualdad social que en América Latina se traduce en una antigüedad muy grande en la aplicación selectiva del Derecho Penal, por ejemplo, en contra de los sectores económicos populares, las minorías étnicas raciales y también en la capacidad que tiene el sistema judicial para atender las necesidades sociales jurídicas de sectores discriminados.
¿En qué medida incide en la región la política en la justicia?
En casi toda América Latina, los políticos y los gobernantes tienen mucha injerencia sobre el Poder Judicial, hasta el punto que en algunos países directamente nombran a los jueces a través de sus aliados políticos. Ha pasado en gobiernos de derecha e izquierda. En Venezuela y en Ecuador pasa, pero también los gobiernos de derecha, como por ejemplo el de Álvaro Uribe en Colombia, que intentó cooptar a la Corte Suprema, que se resistió de todas las formas posibles. Hay un escándalo grande que está probado judicialmente donde los magistrados de la Corte Suprema fueron espiados a través de escuchas ilegales del organismo de seguridad. A ese nivel porque el gobierno de Uribe, o al menos personas claves dentro de su gobierno, veían a la Corte Suprema como la piedra en el zapato para los planes de consolidación del poder público del mandatario. Esto es un claro ejemplo.
El Poder Judicial colombiano ha sido particularmente resistente y persistente porque tiene una tradición de unos 70 años de independencia. Colombia tiene muchos problemas, pero esa es una gran ventaja institucional que no existe en otros países, donde la regla ha sido que es muy fácil cooptar a las cortes.
¿Es innegable que de alguna manera tiene que incidir la política en la justicia? ¿Cómo hallar el límite?
Es una pregunta difícil para el constitucionalismo y tiene que haber una combinación. Por ejemplo, en el nombramiento de Tribunales Constitucionales, es decir aquellos que se dedican a cuestiones cercanas a las decisiones políticas fundamentales. Si una reforma intenta ponerle límites a la protección de los derechos sociales, la Justicia debe tener algún mecanismo de influencia indirecta sobre la política. Esto se hace a través de mecanismos de nombramiento. Entonces, hay una combinación de política y derechos.
En tanto, hay otros espacios del Poder Judicial que deben estar lo más aislados posibles de la política. Por ejemplo, en las fiscalías que persiguen los delitos. Si la decisión de perseguir a Fujimori penalmente o de perseguir al entorno de Uribe quedara en manos de políticos, la justicia no podría controlar el poder. Entonces, estos estamentos que defienden asuntos penales, civiles, laborales deben estar bastante aislados del juego político.
¿Cómo concebís los derechos humanos a nivel América Latina?
Argentina tiene un lugar central en el movimiento y en la idea de los derechos humanos contemporáneos. De hecho, la lucha contra la dictadura. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) son pioneras del movimiento mundial. Participé de un encuentro realizado en la Facultad de Derecho de la UBA sobre cómo ha cambiado y cómo va a cambiar el movimiento de derechos humanos. Esas causas se traducen en el trabajo contra el autoritarismo. Ya no son dictadores militares, pero son civiles que al llegar al poder piensan que pueden hacer lo que quieran y luego nos vemos en la siguiente elección sin ningún tipo de control. Contra ese tipo de autoritarismo el movimiento clásico de derechos humanos, que viene de la época de la dictadura, sigue teniendo toda la vigencia. Lo que piden los activistas de derechos humanos y los juristas es que haya justicia y evitar la concentración de poderes como una de las reivindicaciones clásicas contra el autoritarismo.
En tanto, creo que el mundo ha cambiado mucho desde entonces y hoy el movimiento de derechos humanos es mucho más plural y heterogéneo, y se levantan dos cuestiones que resalto. Una es la de la igualdad, la clásica de los derechos humanos es la de la libertad. La cuestión de la igualdad en un mundo y en una región tan desigual, que con buena razón ha copado parte de lo que son los derechos humanos. ¿Cómo hacemos para conseguir como derecho, por ejemplo, el acceso a una educación de calidad que es lo que tiene movilizados a los estudiantes en Colombia, en Chile?, ¿cómo hacemos para que un derecho ciudadano sea acceder a un servicio de salud que sea accesible? Todas esas son cuestiones de igualdad.
¿Cómo te definís como jurista?
Yo me defino como un jurista democrático, igualitario e internacionalista. ¿Qué significa esto?, que pongo en el mismo nivel las garantías clásicas de la democracia con una aspiración fuerte a decisiones judiciales, ideas y políticas que reduzcan la desigualdad. Internacionalista en el sentido que pienso que no hay forma de entender el Derecho hoy en día sin tener en cuenta el proceso de globalización y que la práctica y la enseñanza del Derecho están atravesadas por cuestiones globales. En ese sentido, el parroquialismo y el regionalismo pierden gran parte del cuadro que hoy es relevante. La práctica del Derecho, ya sea la de los jueces, los estudiantes o de los abogados litigantes, está totalmente atravesada por cuestiones globales. Hoy en día los estudios de abogados trabajan con pares en otras partes de América Latina, con Nueva York o con París. Sin embargo, la forma en que se enseña Derecho en América Latina todavía depende del modelo pre-globalización. Entonces, los libros hablan del derecho argentino y la Constitución Argentina y así uno entra a cursar Derecho y es como si se acabara la globalización. A menos que se cierre esa brecha, el pensamiento sobre el Derecho y su práctica en América Latina se queda muy corta frente a las exigencias de un mundo integrado y globalizado.
¿Quién es?
Es abogado por la Universidad de los Andes y PhD en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison. Ha realizado maestrías en Derecho y Sociedad (Universidad de Nueva York), Sociología (Universidad de Wisconsin-Madison) y Filosofía (Universidad Nacional de Colombia). Es director del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y columnista del diario El Espectador.
Es Global Fellow en la Facultad de Derecho de la NYU y profesor visitante en las universidades de Pretoria (Sudáfrica), Turku (Finlandia) y Getúlio Vargas (Brasil). Entre sus publicaciones recientes, pueden mencionarse “Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America” (Texas Law Review), “Ethnicity.gov: Global Governance, Indigenous Peoples and the Right to Prior Consultation in Social Minefields” (Indiana Journal of Global Legal Studies); Cortes y cambio social; La globalización del Estado de derecho; Raza y derechos humanos en Colombia (varios autores) y El derecho y la globalización desde abajo (comp.). Datos proporcionados por la Editorial Siglo XXI.
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