El ex ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, declaró esta mañana ante el juez federal Luis Rodríguez por negociaciones incompatibles con la función pública en los tribunales federales de Comodoro Py.

Aranguren está siendo investigado por la Justicia federal por el posible delito de negociaciones incompatibles con la función pública ya que era accionista de la petrolera Shell y ostentaba el cargo de ministro de Energía en la cual debería “controlar” a las empresas del sector, de la cual era parte en el pasado como CEO del Grupo Royal Dutch Shell PLC y hoy lo sigue siendo.

En declaraciones a los periodistas acreditados en Comodoro Py, Aranguren dijo tener "la conciencia tranquila" y explicó que "los aumentos de tarifas redujeron los subsidios que debía poner el Estado".

La causa se inició en el año 2016 y busca determinar si Aranguren incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en relación con las decisiones tomadas durante su gestión que habrían apuntado a beneficiar a la petrolera Shell en operaciones de compra de gas a Chile, lo que supondría para él un beneficio económico al continuar siendo accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC.

Las acciones de Aranguren en Shell, empresa de la que fue incluso directivo antes de ingresar a la función pública, fue motivo de varias discusiones y de denuncias penales.  Aranguren y Laura Alonso, a indagatoria por negocios irregulares y encubrimiento Alonso había dictaminado que era aconsejable que Aranguren vendiera sus acciones, pero había dicho, también, que no era un delito que las conservara.

En declaraciones en Comodoro Py, Aranguren advirtió que él no favoreció a Shell y que las medidas que tomó fueron parte de un programa diseñado desde el Estado. "Nunca me interesé por un proveedor", agregó el exfuncionario.

crédito: Adrián Escandar.

¿Qué dijo ante los medios?

“El incremento en el precio del gas no le llega a las compañías pretroleras. Porque el precio que recibieron entre 2016 y 2017, que es lo que aquí se denuncia, era el mismo que provenía de un plan diseñado por la anterior administración -le dijo a los periodistas al terminar su declaración-. El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales provocó una reducción del subsidio de parte del Estado. O sea que en ningún momento las empresas se vieron beneficiadas por el aumento del precio que pagaron los consumidores de gas en sus casas”, explicó Aranguren en la PB de los tribunales de Comodoro Py ante la consulta periodística.

Sobre la compra de gas a Chile, Aranguren afirmó que sólo se reemplazó “un gas que venía de Bolivia” porque allí no había “mayor capacidad de las plantas de regasificación” y “era siempre más conveniente importar gas previamente regasificado en Chile que consumir gasoil, lo cual le significó al Estado Nacional un ahorro de 54 millones de dólares”.

“Nunca me interesé por un proveedor, siempre fue en beneficio del interés público" y agregó: “Será cuestión de lo que decida el juez. Yo estoy muy tranquilo. Es el juez el que tiene que decidir".

¿Qué dice la demanda?

La causa se había iniciado en 2016 por la denuncia de los diputados peronistas Rodolfo Tahilade y Mario Doñate quienes denunciaron que la declaración jurada patrimonial integrada surgía que Aranguren declaró poseer “más de trece millones de pesos en acciones clase A de la empresa Royal Dutch Shell y que esas acciones le permitieron obtener bonificaciones”.

En su presentación, los diputados dejaron constancia de que habían alertado sobre la presunta “incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo” a la Oficina Anticorrupción, presidida por Laura Alonso también citad por el juez en la misma causa, pero que no obtuvieron respuesta alguna.

"Es evidente el conflicto de intereses respecto de la situación del Ministro socio de Shell, en tanto esta compañía participa activamente del mercado energético cuya regulación y control está a cargo del propio Aranguren”, dice la presentación de los diputados.

Otro de los puntos de la denuncia alude a la decisión de aumentar las tarifas de gas, incrementando el valor de lo pagado a los productores, entre los cuales está Shell. . El juez Rodríguez también citó a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, quien había intervenido en la observación de las acciones del exministro de Macri quien renunció en junio de 2018 a su cargo y lo acusan del supuesto delito ocurrido dos años antes.