El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) presentó una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y solicitó una medida cautelar con el objetivo de que se exceptúe a los abogados y abogadas de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio y se les permita circular para concurrir a los estudios jurídicos y oficinas.
"Nuestra Institución ha venido acompañando las medidas que, desde los Gobiernos de la Nación y Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, han venido estipulándose desde la declaración de la cuarentena. Sin perjuicio de ello, hemos solicitado que, mediante la implementación de protocolos de seguridad e higiene, no se cercenen garantías individuales que nuestra Constitución enumera en su plexo y que son de rango “no suspendible”", comienza la presentación.
Asimismo, destaca que "las libertades individuales no pueden ser cercenadas por las normas sanitarias que, si bien son válidas, no pueden convertirse en regla cuando son estrictamente de excepción". Sobre este último punto el escrito destaca las últimas declaraciones del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien expresó que: “En Argentina tuvimos una cuarentena rígida y ahora donde se puede liberar hay que liberarla porque no puede ser permanente. Las medidas son válidas por la emergencia pero tienen que estar limitadas en el tiempo, no pueden ser un estado de excepción".
Por otra parte, la presentación enfatiza que si bien se le ha solicitado al Poder Ejecutivo que se adopten medidas exeptúen a los abogados para poder circular a sus estudios, no han tenido respuesta. Por lo tanto, el escrito considera que el "silencio debe ser equiparado a una negativa, al imposibilitar por un plazo irrazonable el acceso de los abogados a sus respectivas oficinas y, por ende, el de los ciudadanos de cualquier parte del país al servicio de justicia".
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