La Suprema Corte bonaerense dictó distintas medidas destinadas al funcionamiento de la actividad judicial en el marco de la pandemia. Asimismo, firmó un convenio para regular el trabajo remoto del personal y luego dictó la Resolución 480 que permitió la reanudación progresiva de los plazos para determinados actos procesales.
Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) advirtieron que la puesta en marcha de la mencionada Resolución tendría como consecuencia que más trabajadores, que los previstos para garantizar las guardias mínimas de los juzgados de turno, deban concurrir a las dependencias judiciales. Esto se debe a que una gran cantidad de expedientes no están digitalizados en su totalidad, lo que dificulta el trabajo remoto.
Cabe tener presente que la Resolución 386/20 de la Suprema Corte establece que “los organismos que no cumplen turno serían cubiertos por el magistrado a cargo o un funcionario letrado en forma rotativa. En estos organismos no serían requeridos los servicios de otros agentes”. También, la AJB cuestionó que no se garantizó la provisión de insumos de protección a todos los organismos en funcionamiento.
En ese contexto, desde el gremio solicitaron que se investigue la conducta de los magistrados María Mercedes Saldaña, Alejandro Hernán Gatti y Viviana Etel Mengozzi, Presidente y vocales del Tribunal del Trabajo N° 2 de Campana, “debido a que sin encontrarse de turno convocaron a un número excesivo de empleados y funcionarios para que realicen tareas que no revestían ninguna urgencia, al solo fin de poner al día el Tribunal”. Asimismo, agregaron que al finalizar dicha tarea, el personal siguió siendo convocado, llegando a haber diez personas trabajando simultáneamente en la dependencia. Luego de la denuncia realizada, disminuyó la cantidad de personal convocado.
Por otra parte, también se denunció a la jueza Julia Elena Márquez, titular del Juzgado de Ejecución N° 1 de Quilmes, por violar las medidas dispuestas por la Suprema Corte. En la presentación se relata que durante el mes de abril el organismo no estaba de turno y convocó a un gran número de personas a trabajar de manera presencial, extendiendo el horario de la jornada hasta las 17hs y sin límite alguno para quienes se desempeñan de manera remota. “La situación edilicia, con espacios reducidos tanto en los despachos compartidos como en los lugares de tránsito, sólo agrava la situación”, agregaron.
Si bien la presentación se realizó ante el máximo tribunal de Justicia hace más de 15 días, aún no hubo respuesta.
"No sólo puso en peligro a través de sus decisiones la salud del personal del juzgado, de sus familias y de la sociedad en su conjunto, sino que también niega de manera sistemática a las y los trabajadores de la dependencia el ejercicio de sus derechos laborales”, subrayaron desde el gremio.
Cabe recordar que la jueza Márquez generó una gran repercusión mediática semanas atrás, cuando en declaraciones radiales difundió cifras erróneas sobre la cantidad de prisiones domiciliarias dictadas en la provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia.
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