El Senado dio el primer paso derogando los decretos de necesidad y urgencias 256/15 y 102/17 que transfirieron la oficina de escuchas judiciales de la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema. Falta que la Cámara de Diputados derogue los mismos decretos en la próxima sesión, lo cual sería un hecho inédito en el Congreso.
En el marco de la discusión sobre los doce decretos de necesidad y urgente de Alberto Fernández en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, el pasado viernes en sesión remota del Senado se derogaron dos DNU de la administración de Mauricio Macri sobre la justicia en una sesión vía remota en una sesión en la cual la oposición de Juntos por el Cambio se retiró al no habilitar la sesión especial para dos proyectos puntuales sobre alquileres y de educación a distancia.
La votación de 42 votos positivos para la derogación de ambos decretos se dio en el marco del retiro de la oposición de los senadores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal, que se desconectaron de la sesión virtual para no convalidar ese tratamiento, luego de haber bloqueado, también, el debate de las leyes de alquileres y de educación a distancia.
El DNU Nº 256/2015, transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego en la órbita de la CSJN fue renombrada como la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO). El paso que dio ayer el Senado es inédito ya que no hay antecedentes desde 1983 en el cual ambas cámaras del congreso. Podía ocurrir la semana que viene cuando Diputados también derogue en forma on line ambos decretos de la administración de Cambiemos.
La movida tiene un claro objetivo pero que podría complicarse. El objetivo es la designación como procurador general de la Nación efectivo y vitalicio del actual juez federal Daniel Rafecas, quien ya fue propuesto por el presidente mediante el pliego ingresado al Congreso. ¿Por qué se puede complicar? Porque ayer la oposición en el Senado dio muestras claras que puede bloquear tratamientos de proyectos de ley como lo hizo con la ley de alquileres y de educación a distancia.
El pliego de Rafecas ingresó a principios de marzo y tiene que ser tratado por la Comisión de Acuerdos, presidida por la senadora del FDT, Anabel Fernández Sagasti. Aun no hay fecha prevista para la primera reunión ni tampoco para la audiencia pública.
La particularidad de estos decretos es que son dos correspondientes a los años 2016 y 2017, suscriptos por el expresidente Mauricio Macri. Se trata del decreto 256/15, que transfirió la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema de Justicia, como así también el decreto 102/17, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. Hoy en día, otro funcionario del organismo lleva adelante, el director ejecutivo Juan Tomás Rodríguez Ponte.
La DAJUDECO funciona hoy con 300 empleados en el barrio de Colegiales, en la Avenida de los Incas 3834 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La dirección, según el CIJ, es un organismo del Poder Judicial de la Nación “independiente y autónomo en su gestión y funcionamiento”. Y regulada por dos leyes que de los servicios de inteligencia (leyes 25.520 y 27.126) y las acordadas del máximo tribunal que regularon su funcionamiento.
Y fue “creada en su forma original, para constituir el único órgano del país autorizado a materializar las captaciones de comunicaciones que fueran requeridas por los magistrados judiciales y los del Ministerio Público Fiscal. Además, se previó que la Dirección brinde colaboración directa en expedientes determinados a requerimiento de los diferentes magistrados respecto de delitos complejos y organizaciones criminales que excedan el trabajo cotidiano”.
El viernes la sesión del Senado estuvo álgida por la primera alocución de la senadora del Frente de Todos, Anabella Fernández Sagasti, que pidió el rechazo de los DNU por “inconstitucionales porque tienen que quedar en el sótano de la democracia”. Y recordó el motivo por el cual el gobierno de Cambiemos realizó este traspaso de la DAJUDECO de la Procuración a la Corte citando una frase del exsenador Ángel Rozas en febrero de 2016: “No confiamos en la procuradora Gils Carbó por eso trasladamos las escuchas de la procuración a la Corte” al que calificó de “sincericidio”.
Por un lado, el senador Juan Mario Pais dijo que “el MPF es quien lleva adelante la oficina de escuchas controlado por los jueces” y que “estos DNU se tendrían que haber tratado en 2016, no se trataron porque se privilegiaron los intereses particulares”. Por otro, el senador radical Luis Naidenoff aseguró que los dos decretos “ya fueron dictaminados en 2016 y 2017” y que “las escuchas no pueden estar en manos del Ministerio Público Fiscal de la Nación porque la Corte es la mejor opción”. “Todo esto sirvió para apretar, para extorsionar, para degradar. Este es un agujero negro”, dijo,y si bien indicó que “las denuncias de espionaje se resuelven en la Justicia”, advirtió que “en materia de servicios de Inteligencia, la Justicia argentina no es parte de la solución, sino parte del problema”.
Y el senador del FDT, Oscar Parrilli, le contestó: “Yo fui víctima de las filtraciones de esta oficina de escuchas judiciales y las graves irregularidades en el sorteo de los jueces a cargo del organismo ya que se hizo a dedo adulterando un documento público”.
El primer paso lo había dado antes la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control y Organismos y Actividades de Inteligencia había rechazado los dos decretos de Macri que transfirieron a la Corte Suprema la dirección de “escuchas telefónicas” judiciales, hasta entonces a cargo la procuración general que era conducida por Gils Carbó, quien renunció a su cargo, el cual es vitalicio, el 30 de octubre de 2017.
En este sentido, el secretario de los empleados judiciales, Julio Piumato, no cree conveniente que la oficina de escuchas telefónicas judiciales vuelva a la órbita de la Procuración general hoy con un fiscal interino, Eduardo Casal. ¿Por qué? Porque esgrime que hay “en riesgo 300 fuentes de trabajo que se desempeñan en esta dependencia y que nosotros ya reclamamos su efectivización al presidente de la CSJN, Carlos Rosenkrantz”. “La oficina de escuchas telefónicas debe estar dentro de la órbita del poder judicial para garantizar la transparencia y la independencia del organismo”, agregó. De hecho, realizó en medio de la cuarentena un paro pidiendo por la efectivización de estos empleados de la DAJUDECO.
Según fuentes parlamentarias, falta la derogación de ambos decretos presidenciales por parte de la Cámara de Diputados de la Nación para que efectivamente ambas organismos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, encaren los mecanismos necesarios para ejecutar el traspaso de la ex Ojota a través de un diálogo institucional, según explicaron desde este último organismo a Tiempo Judicial.
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