Los organismos de Derechos Humanos advierten que en el marco de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dictadas ante la pandemia por el coronavirus, se incrementaron los casos de violencia institucional. Gatillo fácil, torturas y detenciones arbitrarias y la denuncia de familiares que reclaman una respuesta del Estado y justicia para las víctimas.
En diálogo con Tiempo Judicial, la titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, aseguró que “no habían pasado 48 horas del DNU que ya se emitían reportes diarios”.
“Se vieron todo tipo de situaciones arbitrarias, imposición de tormentos, hostigamientos en barriadas populares, al colectivo LGBT, a todos los sectores vulnerables y todos con el mismo accionar, que es detener a una persona y preguntarle qué hace en la calle”, enfatizó.
Además, Verdú también consideró que entre los barrios populares y las cárceles existen dos puntos en común: el hacinamiento y la falta de recursos. “Si se hubiesen atendido esos reclamos de entrada, no hubiera sido necesario militarizar los barrios ni reprimir en las cárceles porque no hubiera ingresado el virus”, señaló en referencia al motín que hubo el 23 de abril en el penal Nº 1 de Corrientes.
La titular relató: “En Corrientes entró el virus de la mano de un penitenciario, que volvió de afuera, no cumplió el aislamiento y tenés muertos. José Candia recibió un disparo de bala de plomo en la nuca del personal penitenciario que reprimió la protesta. En lugar de comprar un litro de alcohol le clavaron un tiro en la nuca. Lo mismo en Varela, en Jujuy y sigue la cuenta”.
En cuanto a los números, según CORREPI, se registró hasta el 6 de agosto 90 muertes por “gatillo fácil”, en lugares de detención u otras modalidades de accionar. Pero en las últimas actualizaciones el número llegó a 111. Un dato a tener en cuenta, es que la pandemia retardó el acceso a las causas y a los propios familiares se le dificultó poder denunciar los casos ante el organismo.
En el mismo sentido, el coordinador de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Rodrigo Pomares, consideró que hubo una delegación muy fuerte en la policía de la provincia de Buenos Aires para el control de la cuarentena, y desde el organismo se advirtió: “Hay detenciones arbitrarias, se establecieron toques de queda informales en pueblos y se registraron situaciones de extrema violencia en esas detenciones. Los márgenes de arbitrariedad se exacerbaron en este momento de excepcionalidad en el control de la libertad de circulación”.
La CPM, precisó, que puso en conocimiento al Ministerio de Seguridad bonaerense, conducido por Sergio Berni, y a los actores judiciales. “En los dos casos se advirtió, tanto las vulneraciones de derechos que fueron detectadas, como el pedido concreto para que se tomen medidas para el control de los efectivos policiales y mayores recaudos”, reconoció el coordinador.
En muchas situaciones, los abusos de poder terminan en causas penales o en investigaciones sobre la violencia policial. Tal es el caso, por ejemplo, de los dos jóvenes de San Nicolás -Ezequiel Corbalán y Ulises Rial-, que fueron perseguidos con un patrullero y el resultado fue la muerte de ambos el primero de junio pasado. La CPM patrocina a las familias en la causa.
Otra parte del problema que detectan los organismos, tiene que ver con el incremento de personas detenidas en dependencias policiales. La CPM afirmó que “hoy el número pasa las 5.500 personas detenidas en comisarías, con una capacidad no mayor a las 1200”. Pomares explicó que esto tiene que ver con que se mantienen los niveles de detención e ingreso, y por otro lado “se limitó el cupo al servicio penitenciario”, que también está colapsado.
En búsqueda de explicaciones
La CMP, consideró que el bagaje de acciones cotidianas, como la “aplicación de criterios arbitrales, violentos, la regulación de determinados mercados ilegales”, no iba a ser distinto cuando se puso en juego el del control de las medidas de aislamiento. Lo que se exacerbó fueron las “prácticas acostumbradas”, enfatizó Pomares.
También, hubo una modificación en la estructura de la policía de la Provincia de Buenos Aires durante la pandemia, a través de un decreto provincial, que “concentró aún más la conducción de la fuerza policial en la jefatura policial”, aclaró el coordinador.
Algunos Números de compartidos por la CPM
Entre marzo y septiembre la CPM realizó 190 intervenciones por casos de violencia policial, abordando 74 muertes por uso letal de la fuerza, 31 detenciones arbitrarias, 27 casos de golpes, 15 casos de hostigamiento, 9 de lesiones graves, 8 allanamientos ilegales, 7 por vulneraciones de garantías procesales, 5 por amenazas, entre otros de menor frecuencia.
Más leña al fuego
Luego de las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, en las que afirmó en una entrevista el domingo pasado que los organismos de derechos humanos son “puro blablá”, distintas organizaciones emitieron el lunes un comunicado en el que criticaron duramente sus dichos.
“Ofenden nuestra historia y nuestra lucha”, subrayó el documento. No obstante, lejos de alimentar el conflicto, el comunicado llamó a la reflexión del ministro y le recordó: “La exposición mediática no reemplaza la gestión, y debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera”.
La respuesta de Berni fue a través de la red social Twitter, y fue una disculpa en la que expresó su “respeto a Madres, Abuelas, Hijos, y familiares de víctimas de la dictadura cívico militar”, y resaltó que a los organismos se le debe una “parte importante de la reconstrucción de la democracia”.El documento fue firmado por Abuelas De Plaza De Mayo, Madres De Plaza De Mayo – Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecumenico por los Derechos Humanos (Medh), Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Familiares y Compañeros de dos 12 de la Santa Cruz, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.
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