La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires prorrogó por 90 días la licencia para Enrique Ferrari, Fiscal General del Departamento de Lomas de Zamora. Cabe recordar que se había dispuesto en el mes de julio a raíz de un pedido efectuado por el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.
El Procurador bonaerense había sostenido que Ferrari tuvo conductas irregulares que afectarían la administración de justicia. En ese momento, también acompañó la copia de la denuncia que le formuló ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, presentación que amplió en la última semana.
Por otra parte, Ferrari también presentó una denuncia contra Conte Grand por presunta participación en el armado de causas contra políticos y funcionarios. En ese escrito sostuvo que a través de una Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora habrían iniciado investigaciones con objetos de inclinarlas a sus intereses políticos con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, Magistrados y Funcionarios, “en donde han participado Funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera, cuanto menos irregular”.
En esa oportunidad, el máximo tribunal bonaerense resolvió hacer lugar al pedido de Conte Grand. La resolución contó con el voto conjunto de los ministros Daniel Soria, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres, con la adhesión -por su voto- del ministro Luis Genoud. En cambio, el ministro Eduardo de Lázzari votó en disidencia.
En el voto mayoritario sostuvieron que la continuidad de Ferrari podría “perjudicar o entorpecer las investigaciones que se están desarrollando o dar lugar a nuevos hechos reprochables”. Ese mismo criterio adoptaron en la reciente resolución N°1084 que prorrogó su licencia.
Sin embargo, Eduardo de Lázzari volvió a votar en disidencia y criticó el accionar de Conte Grand. En ese sentido, sostuvo que si en su momento consideró que no se reunían los requisitos para adoptar esa medida, menos están dados en la actualidad.
Asimismo, cuestionó las medidas que ordenó la Suprema Corte destinadas a monitorear las actuaciones penales y disciplinarias en trámite y anticipó sobre la inoperancia de las mismas. “Lamentablemente no estaba equivocado”, indicó.
También, resaltó que “el señor Procurador hizo oídos sordos” a una de las principales indicaciones que se hicieron en esa oportunidad, la cual dispuso que para reestablecer el correcto funcionamiento de la Fiscalía General debía convocarse “a los funcionarios más calificados del Ministerio Público, incluyendo a aquellos que se desempeñen en otros departamentos judiciales”.
“En abierta contradicción, el funcionario al que se encomendó el rol de Fiscal General fue el Dr. Baccini, integrante del mismo departamento, con lo cual quedó absolutamente desvirtuado el criterio que primara en en este Superior Tribunal de procurar un equilibrio entre sectores enfrentados”, completó.
En ese mismo sentido, agregó: “En reemplazo de una seria y objetiva investigación ha puesto en marcha una suerte de gatopardismo, creando una comisión de notables con rimbombantes propósitos, mantenido la dirección de la Fiscalía a cargo de uno de sus propios fiscales y frustrando en definitiva la sana intención que animara a esta Suprema Corte”
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