El Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 189) y la Ley de amparo de la Ciudad (Ley N° 2145) fueron modificadas ayer por la Legislatura de la C.A.B.A. para actualizar la regulación sobre la intervención del Ministerio Público Fiscal en los casos que se involucre o afecte el interés general de la sociedad.
Así lo dispuso el despacho No 435/20 de la Comisión de Justicia. Ley que buscó modificar la Ley No 189 - Código Contencioso Administrativo y Tributario que rige en la Justicia porteña.
Según el proyecto de ley aprobado, el objetivo es “regular la intervención del Ministerio Público Fiscal en los casos en que lo discutido, en el marco de una causa contencioso administrativa de las descritas en el artículo 2 del Código de rito o en una acción de amparo, involucre o afecte el interés general de la sociedad”.
En la ley se prevé que en aquellos procesos -individuales o colectivos- en que se evidencie una vinculación del objeto del juicio con intereses generales de la sociedad, se de intervención especial y obligatoria al representante del Ministerio Público Fiscal.
Esa intervención especial, dice la ley, debe ser “previa no solo al dictado de la sentencia definitiva sino también antes de que se adopten ciertas decisiones durante el curso del proceso que pueden impactar sobre aquellos intereses generales, tales como el dictado de medidas cautelares o precautelares, entre otras”. Es decir, que limita a los magistrados a emitir medidas cautelares.
El proyecto fue presentado por Martín Ocampo (UCR), presidente de la Comisión de Justicia, donde fue tratado y despachado para su aprobación en la sesión ordinaria de ayer.
Como explicaron los fundamentos de la norma, la titularidad del Ministerio Público es atribuida por la Ley N° 1.903 a tres órganos independientes entre sí (Defensoría General, la Asesoría General Tutelar y Fiscalía General). Pero “no deben perderse de vista que es al Ministerio Público Fiscal al que le corresponde intervenir en los procesos judiciales para opinar no sólo respecto de la competencia o habilitación de la instancia, sino también -y en forma primordial- acerca de cuál es y cómo se protege el interés general, público o social cuando se encuentra comprometido en un caso”.
El autor de la iniciativa consideró que ni el texto del Código Contencioso o ni la Ley de Amparo “se condicen con los deberes que la Constitución y la Ley N° 1.903 atribuyen al Ministerio Público Fiscal en orden a la tutela y resguardo de los intereses generales de la sociedad”, al otorgarle una intervención muy limitada.
Nuevo consejero de la Magistratura
El abogado Juan Pablo Orlando Zanetta juró en la Legislatura como nuevo miembro del Consejo de la Magistratura, en reemplazo del renunciante Mariano Alfonsín. Se trata del actual presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y representa al bloque de abogados en el Consejo porteño integrado por 9 integrantes entre jueces, políticos y académicos.
El Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. hoy queda integrado por el juez y presidente Alberto Maques, el vicepresidente primero Francisco Quintana, la vicepresidenta segunda, Fabiana Haydee Schafrik y los consejeros Ana Salvatelli, Juan Pablo Zanetta, Alberto Biglieri, María Julia Correa, Gonzalo Rua y Anabella Hers Cabral.
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