La primera decisión la tomó este martes la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificando los procesamientos del ex titular de la AFI durante la presidente de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, y de su segunda, Silvia “La Turca” Majdalani por la causa Instituto Patria.
En sí, los tres camaristas que integran la sala presidida por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma resolvió cinco recursos de la investigación sobre el denunciado espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos y rechazó recursos extraordinarios en la cuestión de competencia, según confirmaron a Tiempo Judicial fuentes de la Casación Federal.
La Sala IV denegó los recursos de queja de las defensas contra los procesamientos dictados en el marco de la causa “Instituto Patria” y los recursos extraordinarios presentados por los querellantes contra la declaración de competencia de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires. También admitió como querellante a un miembro de la organización “Barrios de Pie”, espiado por la AFI.
Los recursos fueron presentados contra los procesamientos dictados a Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y al ex director de contra inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Martin Coste.
Asimismo, la Sala IV también denegó las impugnaciones en torno a las prohibiciones de salidas del país y los embargos dispuestos respecto de los procesados. Tampoco se admitió un planteo de “cosa juzgada” efectuado por la defensa de Majdalani.
¿Qué investiga esta causa?
Puntualmente se trata del tramo de la investigación conocido como “Instituto Patria”, en la que se investigan maniobras de inteligencia efectuadas en la sede ubicada en el barrio porteño de Congreso usada por el kirchnerismo fuera del poder y también en el domicilio particular de Cristina Kirchner en la esquina de Juncal y Uruguay.
Esta causa investiga a la cúpula de la AFI macrista y a diversos agentes que habrían espiado ilegalmente a dirigentes opositores kirchneristas cuyos delitos imputados son asociación ilícita y espionaje ilegal. Y que ambos habrían sido planeados constituidos y ejecutados desde la Ciudad de Buenos Aires.
En este sentido, la “competencia” de las causas por espionaje ilegal tuvo maniobras dilatorias de las defensas de los acusados para que todas las investigaciones se tramiten en Comodoro Py. Y los están consiguiendo, ya que están unificando todas las causas, sean por Instituto Patria, la cárcel de Ezeiza o la lista de fichas de periodistas con pinchaduras de mails y la más reciente de los presuntos 500 perfilamientos o fichas de periodistas con motivo de las cumbres de la OMC y el G20 entre 2017 y 2018.
En febrero de este año la Casación resolvió el conflicto en favor de la justicia federal de la Capital Federal. En esa oportunidad los jueces Borinsky y Carbajo explicaron que si la acusación consiste en una “maniobra global de inteligencia dirigida desde el Estado debía tenerse en cuenta que ese Estado tiene su sede en la Capital Federal que es justamente el lugar desde el cual se dirige la Agencia Federal de Inteligencia y desde el cual trabajaba los funcionarios y agentes involucrados”.
Asimismo, tuvieron en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires en donde habrían ocurrido algunos de los hechos concretos de espionaje, como el domicilio de Cristina Kirchner en recoleta o el Instituto Patria en Congreso.
Otro revés para Arribas: pidieron otra indagatoria
Así lo solicitó la fiscala federal, Paloma Ochoa, en otra causa por espionaje que tramita en el juzgado federal 11 a cargo interinamente de Julián Ercolini, aunque el pedido sería denegado por el magistrado.
La fiscala requirió el lunes que se cite a prestar declaración indagatoria a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de inteligencia ilegal sobre periodistas, académicos y organizaciones sociales y políticas, en el marco de dos eventos internacionales desarrollados en la Argentina.
La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento ante y reclamó también que sean citados a prestar declaración indagatoria el exdirector de Eventos Especiales de la AFI, Carlos Tonelli Banfi, y el exdirector de Contrainteligencia de la central de espías, Martín Coste.
La indagatoria requerida está vinculada con la presunta comisión de delitos vinculados con la violación de la Ley de Inteligencia (ley 25.520), dado que se habría producido inteligencia ilegal y se habría almacenado información prohibida sin autorización judicial ni criterio racional, según informó Télam.
Se trata de una causa que se encuentra delegada en la fiscalía y que se inició a partir de una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego de que en enero de 2020 fueran halladas en una caja fuerte del organismo fichas personales con datos de unos 400 periodistas y académicos que habían querido acreditarse para cubrir o participar de las cumbres internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 desarrolladas en Argentina en 2017 y 2018, respectivamente.
La confección de esas fichas con información de inteligencia había sido solicitada a la AFI por el Ministerio de Seguridad, encabezado por entonces por Patricia Bullrich, y dentro de la central de espías la tarea quedó a cargo de la Dirección de Eventos Especiales que, una vez completado el trabajo, lo remitió al área de Contrainteligencia.
Entre las fichas que analizó la fiscalía se encontraba un dossier especial sobre el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) vinculado con una reunión que mantuvieron sus integrantes en el Hotel Bauen y que, según los registros de la AFI confeccionados durante el gobierno de Macri, habría sido infiltrada por agentes de inteligencia.
La lista completa de los presuntos espiados incluye también a varios miembros de entidades como la Sociedad Rural Argentina, la ONG Poder Ciudadano y otras organizaciones sociales, sindicales y no gubernamentales, algunos de los cuales son querellantes en el expediente.
Comentarios recientes