A más de diez años de la primera sanción de una ley contra la trata en Argentina el Instituto Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) publicó un libro analizando el papel de la justicia federal en más de cincuenta causas judiciales sobre trata sexual. Se relevaron exactamente 55 sentencias emitidas por juzgados federales de Buenos Aires; Chubut, La Pampa y Santa Fe.
Se trata de una trabajo que contó con el apoyo de la Embajada Británica en Buenos Aires y que "indaga sobre las políticas de investigación y persecución penal del mercado criminal de la trata y la explotación sexual empleadas en nuestro país al cumplirse una década de la sanción de la primera ley de trata".
Un primer dato que da el libro es que entre el 2009 y el mes de noviembre de 2019, se dictaron 396 sentencias de las cuales alrededor de un 80% resultaron en condena por el delito de trata de personas.
“La trata sexual en Argentina a 10 años de la ley. ¿Qué investigó la Justicia?” es el titulo del trabajo dirigido por Aldana Romano e Ignacio Andrioli y contó con los aportes de Julián Alfie, Victoria Llorente, Vanina Pieczanski, Natalia Rosetti, Analia Ploskenos, Martina Cirimele y Trinidad Lobos. "La publicación tiene por finalidad identificar los principales aciertos y desafíos aún presentes de la política pública, buscando generar herramientas e información de calidad para el desarrollo y debate de las mismas", explicaron al publicarlo.
De las víctimas encontradas entre 2008 y fines de 2018, el 82,3 % fueron mujeres. Un dato equiparable a lo que sucede a nivel mundial, lo que significa que la trata sexual es una problemática que afecta de manera significativa a las niñas y mujeres. Sin embargo, del libro se desprende una consideración acertada que es que "esto no significa que podamos afirmar que la problemática de la trata en su modalidad de explotación sexual sea absolutamente ajena a otros géneros".
"Construcciones estereotipadas de la masculinidad/femineidad pueden dar lugar a una invisibilización de aquellas víctimas con otras identidades de género", destacan en el libro que indaga el trabajo realizado en 55 sentencias judiciales por parte de juzgados federales de cuatro provincias.
Al analizar las causas judiciales se constató que el 87% de los procesos judiciales se iniciaron por denuncias. Y sólo dos de ellas, es decir el 4 %, fueron iniciados de oficio por la fiscalía.
A ello se suma la referencia de que "la actividad judicial está dirigida mayormente a lugares públicos e identificables". Es que en los lugares de explotación detectados en este universo de causas un 65,5% corresponde a whiskerías, pubs y pooles; y un 29 % a los denominados "privados". Ante este contexto resalta un análisis sobre la falta de investigación en cuanto a la línea de participación de funcionarios públicos en el delito de trata sexual.
Tras lo analizado el libro sostiene que "fue posible detectar en las sentencias reiterados testimonios que daban cuenta de la connivencia en el delito por parte de dos actores: los agentes policiales y los agentes municipales. A pesar de ello, la hipótesis de participación de funcionarios públicos no es una línea de investigación explorada. De 15 casos dónde se identificó connivencia policial solo en 4 de ellos la Justicia inició una investigación posterior".
De las víctimas encontradas entre 2008 y fines de 2018, el 82,3 % fueron mujeres.
El perfil de las víctimas
A lo largo del análisis de las sentencias, se identificaron 262 víctimas (242 víctimas del delito de trata sexual y 20 de explotación sexual). "De manera frecuente fue posible detectar una variación entre el número de víctimas encontradas en los allanamientos y las víctimas luego judicializadas", indican y consignan una tendencia en las sentencias judiciales de no registrar de manera completa los testimonios de las víctimas. A ello se suma que prácticamente en su totalidad las víctimas identificadas eran mayores de edad y extranjeras.
En cuanto a la captación de las víctimas aún la principal forma de captación continua siendo el engaño en la actividad o en las condiciones de ejercicio de la actividad. Mientras que las demás formas de captación, como por ejemplo la privación de libertad o la entrega por un familiar, ocurren en pocos casos. Esto demuestra que "la dinámica del delito se basa centralmente en una oferta laboral que puede resultar verosímil para la víctima".
"Pese a que la trata es definida como el proceso previo a la explotación, llamativamente las piezas judiciales aún no logran reconstruir en muchos casos las historias de las víctimas, y no pueden dar cuenta de las fases previas del delito", aclara el libro que destaca también la importancia de la implementación de la reforma procesal penal en la Justicia Federal.
Victoria Llorente, coordinadora del Inecip que participó del libro explicó a Tiempo Judicial sobre la investigación que "es necesario avanzar en estrategias de persecución penal del delito de trata y explotación sexual que trasciendan la lógica del caso a caso. Para ello es fundamental que nuestros ministerios públicos fiscales lleven a cabo una política de investigación orientada a intervenir sobre las estructuras de mercado que atraviesan estas actividades delictivas. Esto implica abordar estos delitos bajo un enfoque que priorice el análisis de las regularidades, los patrones y las dinámicas que los definen".
En este sentido, la investigación deslizó que "el primer desafío que enfrenta la política de persecución penal es la falta de implementación de la reforma procesal penal en la Justicia federal", y que "las condiciones estructurales del funcionamiento de la Justicia federal atentan directamente contra la posibilidad de desarrollar estrategias de persecución eficaces".
Plan bienal nacional
Los datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación consigna que, entre abril de 2008 y el 31 de agosto de 2019, se han rescatado y/o asistido un total de 14.505 víctimas.
Se trata de intervenciones que se realizan en el marco de causas judiciales y que comprenden allanamiento por explotación sexual o explotación laboral, entrevista en sede judicial o cámara Gesell, acompañamiento y asistencia integral, en declaración testimonial, asistencia en reconocimiento fotográfico o en domicilio.
El pasado 13 de abril se presentó el plan Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Se trata de 100 acciones a desarrollarse durante el 2020 y 2021 contra la trata de personas y a favor de las víctimas, comprendidas en el Plan Bienal 2021-2022 en materia de prevención, persecución, asistencia y fortalecimiento institucional.
“Esas 100 acciones tienen que ver con la interacción. Es afirmar el compromiso del gobierno nacional para decir no a la trata, para decir no a la explotación sexual, para decir no al trabajo infantil y no a la explotación laboral", sostuvo el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Las iniciativas fueron elaboradas de manera articulada con 44 organismos nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes del Estado.
Se contempla la realización de un estatuto especial de acceso a la vivienda; el fortalecimiento de los planes de apoyo; la extensión de los tratamientos psicológicos y/o psiquiátricos para cada víctima de acuerdo a su necesidad y la incorporación de las víctimas de trata laboral rural como sujetos de derecho en la reglamentación de la ley de agricultura familiar para el acceso a tierras fiscales y programas del INTA, entre otras acciones.
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