El "Caso de los Cuadernos" comenzó en 2018 tras la difusión de los manuscritos de Oscar Centeno, quien anotó los viajes que realizó con funcionarios del ministerio de Planificación para retirar supuestos sobornos de empresas y llevarlos a dependencias particulares. FALLO COMPLETO.
Dentro de la causa, y a dos años de iniciado el proceso judicial en el Tribunal oral federal 7, hay 47 acusados entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, el antes nombrado Roberto Baratta, José López y una veintena de empresarios pero hoy tiene tres responsables menos.
El juez federal Julián Ercolini procesó al exsubsecretario de Coordinación y Control del ministerio de Planificación Roberto Baratta y sobreseyó a empresarios y directivos de la firma Techint, Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, en la investigación por supuestos pagos indebidos surgida del llamado "Caso de los Cuadernos".
El magistrado tuvo por acreditado que existieron los supuestos pagos reseñados en los cuadernos del exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, aunque eximió de responsabilidades a los empresarios, porque sostuvo que las erogaciones de dinero habrían sido para evitar "serias afectaciones a la libertad e integridad" de personas vinculadas con la multinacional.
En la resolución de ayer, Ercolini explicó que "su accionar habría tenido como única y forzada motivación la de evitar serias afectaciones a la libertad e integridad de las personas que trabajaban en Venezuela en una de las empresas del grupo económico al que pertenecían", y los desligó del pago de coimas que los empresarios habían admitido ante el fallecido juez.
Los sobreseimientos dictados por Ercolini -que reemplaza al fallecido Claudio Bonadio- beneficiaron al CEO de Techint, Paolo Rocca; al director de la compañía Luis Betnaza y al supuesto encargado de entregar el dinero Héctor Zabaleta, según el fallo difundido por la Agencia Télam.
Bonadio había dictado los procesamientos luego de establecer que directivos de Techint tuvieron reuniones con Claudio Uberti, Julio De Vido, José María Olazagasti y Baratta con el fin de que “intercedieran para lograr el cobro de la empresa, pues valía mucho”.
El juez reseñó a partir de las pruebas reunidas que en junio de 2008, unos 300 trabajadores se trasladaron hasta la oficina de recursos humanos de la firma para desalojar a la gerenta, María Elena Posadas, pero como no se encontraba se llevaron al jefe de la nómina, Carlos Guzmán, y dañaron las instalaciones. Sidor empezó a instrumentar, por intermedio de la firma “Control Risk”, un plan de emergencia para proteger la integridad física de sus dependientes y garantizar que puedan salir de Venezuela.
"Entiendo que si bien la conducta endilgada a Betnaza y Zabaleta (de ordenar y ejecutar los pagos, respectivamente, a un funcionario público) podría tener relevancia penal en cuanto su adecuación típica, considero que, por los hechos acreditados que han sido reseñados, habría mediado una causal de justificación, en los términos del artículo 336, inciso 5to. del Código Procesal Penal de la Nación, que conlleva el dictado del sobreseimiento de los nombrados", sostuvo el juez Ercolini.
En relación a la responsabilidad de Baratta procesado dijo que "la ausencia de responsabilidad en los sucesos de los empresarios a los cuales se les atribuyó la entrega del dinero -la cual tuvo como origen la exigencia del funcionario ante una situación de emergencia-, no obsta a que la recepción de dinero por parte del funcionario público implicado resulte ser una conducta que se subsume directamente bajo el tipo penal analizado".
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