El Gobierno cordobés presentó una demanda ante la Corte Suprema contra la Nación por una deuda de 3.374 millones de pesos en concepto de coparticipación federal. Se trata de un reintegro del 15% en concepto de la herramienta incorporada a raíz de la reforma constitucional de 1994. La acción también alcanza al Banco Nación.
La demanda fue llevada a cabo a través del fiscal de Estado cordobés, Jorge Córdoba, quien indicó que los reclamos estaban relacionados con la coparticipación que no fue devuelta a la provincia en relación a lo recaudado en 2012 y a los seis primeros meses de este año. Pero esta no es la primera vez que la administración provincial lleva a cabo una acción contra el Estado nacional.
En 2011 se llevó a cabo otra presentación relativa a una deuda de 1.040 millones de pesos que mantenía la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) con la Caja de Jubilaciones cordobesa. Considerando esta deuda y la de coparticipación, desde la administración provincial calculan que, considerando que la deuda previsional se arrastra desde entonces, el monto total puede llegar a los 7.000 millones de pesos.
En la provincia siempre tuvieron reticencia ante el acuerdo que los integraba a la coparticipación, firmado por el ex presidente Carlos Menem y el entonces gobernador, Eduardo Angeloz, donde se preveía el aporte del 15%. Por eso la legislatura cordobesa se manifestó en contra de ese pacto. Los acuerdos en este sentido habían sido llevados con Córdoba y 10 provincias más que contaban con una caja jubilatoria propia.
En este sentido, el jefe de Gabinete provincial, Oscar González, afirmó que “sólo queremos que no nos descuenten 150 millones por mes, porque es una injusticia enorme. Es que el Gobierno nacional está abandonando a las provincias. Más del 75% de los recursos tributarios quedan en mano de la Nación y eso no es federalismo”.
Siguiendo esta línea de razonamiento, el funcionario alegó que “Córdoba, como todas las provincias, aporta el 15% de sus ingresos para sostener el sistema previsional nacional, en función de una ley convenio de 1992. A cambio de esa sesión de recursos, la Nación ofreció a las provincias las transferencias de sus cajas provinciales de jubilaciones, y la mayoría de las provincias lo hicieron”.
Esta situación “generó una gran inequidad, porque las provincias que transfirieron las cajas no tuvieron más gastos previsionales y las que se quedaron con sus cajas, siguen pagando las jubilaciones de sus jubilados provinciales y además tienen que aportar el 15% a la Nación para contribuir al sostenimiento del sistema provisional nacional”, explicó González en declaraciones a medios locales.
En estos términos, González entendió que el pedido de dejar de aportar el 15% es lógico en orden a resolver esa inequidad que puso de manifiesto y que está contemplada en la denuncia presentada ante el Máximo Tribunal nacional.
El jefe de Gabinete cordobés denunció, asimismo, que el Gobierno nacional “dejó de cumplir este convenio en enero del 2011. Hace dos años y medio que no recibimos un centavo de la Nación para el financiamiento de la Caja de jubilaciones de la provincia”.
González destacó que “iniciamos una demanda en la Corte Suprema para cobrar la deuda que se generó con la Provincia, y luego nuestra Legislatura votó una ley por unanimidad para que Córdoba salga de ese convenio y deje de aportar el 15%, porque no recibe nada a cambio. Esa ley provincial fue notificada al Gobierno nacional, hemos seguido la vía administrativa para que no se nos retenga más el 15 por ciento hasta que, el viernes pasado, hemos ido a la Corte para que esto no siga ocurriendo”.
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