La Cámara Federal de Casación Penal declaró admisibles cuatro recursos extraordinarios presentados por ex combatientes de Malvinas para que se investiguen las torturas cometidas por miembros de las fuerzas armadas durante la guerra. Será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá ahora resolver si los hechos denunciados deben ser investigados como delitos de lesa humanidad.
El fallo se conoció en los últimos días y es de la sala I de la Casación con la firma de Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, y responde a recursos presentados por El Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
También presentaron recursos los representantes del ministerio Público Fiscal, la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la querella por las víctimas Oscar Torres, Carlos Raymundo Rodas, Jorge Ramón Diez y Oscar Orlando Frías.
Los recursos habían sido presentados en mayo pasado luego de que la sala, con los votos de Barroetaveña y Diego Petrone (por estos días de licencia) y la disidencia de Figueroa, sostuviera que la imputación contra un acusado de torturar a soldados en Malvinas ya había sido juzgada en otro expediente. Se trata de Jorge Oscar Ferrante que al momento de las torturas era Subteniente como Jefe de la Tercera Sección Tiradores de la compañía B del Regimiento de Infantería 5.
Ahora los jueces declararon admisible los recursos y por ello el expediente pasará al máximo tribunal del país. "Los agravios expuestos en los recursos extraordinarios federales resultan suficientes para habilitar al debate de una cuestión federal al vincularse con la interpretación y alcance del derecho penal internacional y humanitario de investigar presuntos delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y graves violaciones a los derechos humanos", dice la jueza Figueroa en la sentencia.
Además la magistrada recordó su voto en disidencia y expresó que "se está frente a un caso en donde dada la alegada gravedad y naturaleza de los eventos objetos de pesquisa, el Estado Argentino se encuentra obligado a continuar con las investigaciones, enjuiciar y sancionar a los responsables por imperio constitucional, convencional y de ius cogens".
En la mega causa que se tramita existen 95 militares denunciados por 105 casos de tortura y en el expediente hay 120 testimonios que detallan la dinámica de la tortura que incluyó estaqueamientos de soldados a la intemperie; enterramiento de pie en pozos que las mismas víctimas debían cavar, golpizas y la deliberada falta de provisión de elementos de subsistencia.
"Las Fuerzas Armadas configuraron un dispositivo político/burocrático/institucional para silenciar a los soldados conscriptos que habían sufrido torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos", explicaron en el recurso presentado en mayo pasado el CECIM y la CPM, destacando que aquella sentencia de la sala I resultó en una "inobservancia de los estándares a los que, en materia de investigación, juzgamiento y reparación integral se ha obligado la República Argentina, a instancias de la rúbrica de instrumentos internacionales".
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