Se trata de materiales recolectados en Rosario por la delegación local de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y que aportaban datos sobre Agustín Feced, exjefe policial de la ciudad durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. La documentación fue robada en octubre de 1984 de la sede del juzgado de Instrucción 10 de Rosario.
"Se trata de una causa que demuestra la capacidad que tenía el aparato represivo para neutralizar las investigaciones y ejercer presión sobre las instituciones de la democracia cuando empezaban las instrucciones de las causas por violaciones a los derechos humanos", señaló el fiscal federal de Rosario Adolfo Villate en declaraciones realizadas a la agencia Télam.
En el caso fue un reclamo administrativo por un ascenso frustrado en el escalafón del Ejército el que permitió fundamentar un pedido de elevación a juicio oral y público por parte de la fiscalía donde los imputados son el exjefe del destacamento de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército Héctor Fructuoso Funes y Luis Américo Muñoz, su segundo en ese destacamento.
Precisamente, según se explica en el requerimiento fue el 8 de octubre de 1984 cuando en la madrugada Muñoz irrumpió al mando de un grupo de tareas en el edificio de los tribunales provinciales, ubicados en la calle Balcarce entre Montevideo y Avenida Pellegrini. Los asaltantes les quitaron las armas a los policías que custodiaban el edificio y los encerraron en una habitación.
Lo robado era la compilación de información y testimonios de la Conadep y que incluía armamento y municiones, carpetas, fotos, fichas dactiloscópicas y unos cien casetes de audio. Además incluía "organigramas de supuestos grupos de represión ilegal con precisiones de personas componentes de los mismos, con nombres y apodos que utilizaban para designar a personas integrantes de grupos ilegales de represión".
El reclamo administrativo poseía detalles que permitieron dar cuenta de esta situación. Muñoz realizó reclamos ante las autoridades del Ejército, el ministerio de Defensa y el presidente Raúl Alfonsín. Muñoz pedía que se revisara la calificación de apto "para continuar con su grado" que le impedía acceder al rango de coronel.
Allí dio cuenta entonces de su participación en dos "operaciones especiales de inteligencia" en las que participó como integrante del destacamento 101 del Ejército. Contó sobre su participación en 1983 de un "despliegue de efectivos y medios con la finalidad de afectar la capacidad de conducción de elementos subversivos residuales, en forma previa a las elecciones presidenciales".
En esos días, en Rosario, efectivos de las fuerzas conjuntas del Ejército y la policía de la provincia de Buenos Aires planificaron y ejecutaron los secuestros y ejecuciones de los militantes peronistas Osvaldo Agustín Cambiasso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi. Muñoz fue condenado por esos hechos, pero resultó absuelto por un fallo de Casación que el Ministerio Público Fiscal de Rosario apeló.
En la documentación relevada, se consigna que Muñoz se refirió además a un segunda operación, realizada en 1984, que "consistió en un gran despliegue de efectivos y medios, pero en esta oportunidad la finalidad fue disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil de la Fuerza, como así también personal policial".
Para Villate, la finalidad de Muñoz era "aliviar la presión judicial sobre los efectivos del II Cuerpo que habían sido denunciados ante la Conadep y enviar un mensaje a sus superiores en relación a la información que manejaba sobre la represión ilegal".
En 1991, y durante el gobierno de Carlos Menem, el Senado de la Nación avaló finalmente el ascenso a coronel de este militar, hoy retirado, que ahora deberá responder ante la Justicia por un hecho que este año fue declarado "imprescriptible" por la Cámara de Casación Penal.
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