La Justicia Civil y Comercial ordenó al Estado Nacional y a la Policía Federal a que indemnice a dos víctimas de explotación sexual. Las mujeres, representadas en la causa por la defensa pública oficial, fueron abusadas y explotadas sexualmente por un grupo de agentes de esa fuerza de seguridad.
Las víctimas eran dos niñas de 13 y 14 años. Entre 2009 y 2011 atravesaban una situación económica y socioambiental precaria, y fueron inducidas y persuadidas bajo amenazas por agentes de la Policía Federal Argentina. Las obligaron a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la fuerza y también con personas ajenas a ella.
El fallo, firmado por la jueza Silvina Bracamonte, explicaba que las niñas "fueron víctimas de abuso sexual con acceso carnal, e inducidas a la prostitución, cuando eran dos niñas comenzando su adolescencia (13 y 14 años), hechos que se reiteraron por más de dos años y a los que fueron obligadas mediante intimidaciones y aprovechando la situación de extrema vulnerabilidad de discernimiento, social y económica que atravesaban".
En el expediente se detalla también que las jóvenes recibían dinero y parte de lo obtenido era repartido entre los uniformados. Los policías tenían acceso a departamentos, edificios, pensiones, dependencias varias, baños y boleterías de la estación de tren de la línea San Martín, en los cuales eran obligadas a mantener relaciones sexuales con distintos hombres.
Antes de llegar al fuero civil y comercial, se inicio una causa penal contra los agentes implicados, seis efectivos de la Policía Federal y un agente del Servicio Penitenciario Federal, donde en 2016 fueron condenados a penas de entre 7 y 16 años de prisión por violencia de género, explotación sexual y corrupción de menores. Esas condenas fueron confirmadas en 2019 por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
Fue tal el abuso que sufrieron las niñas adolescentes en los más de dos años que en el expediente detallaron episodios de diferentes policías y uno del que participaron hasta veinte oficiales. Tal es así que una de las víctimas tuvo dos hijos producto de las violaciones reiteradas. "Los infantes carecen de filiación paterna pues, fueron tantas las veces que distintos hombres abusaron sexualmente de ella que, desconoce por completo la identidad de quien resultaría ser padre de aquellos", dice el expediente.
Más allá de la causa penas donde hubo condenas, las jóvenes iniciaron un reclamo exigiendo una indemnización por todos los daños sufridos. El pasado 14 de octubre la jueza en lo Civil y Comercial N° 1 Silvina Bracamonte ordenó al Estado Nacional y la Policía Federal Argentina que indemnice a las víctimas con 10 millones de pesos más intereses. El monto de las indemnizaciones tiene que ver con la reparación del daño moral y psicológico sufrido por las víctimas de esta red de abuso y promoción de corrupción de menores de 18 años, que fue organizada por funcionarios públicos.
La jueza consideró al dictamen que los peritos oficiales psicólogo y psiquiatra hicieron sobre las víctimas como “absolutamente incompletos y desligados de la labor encomendada”. Además, esas pericias habían sido impugnados por la defensoría por no haber sido desarrollados con perspectiva de género.
Tuvo en cuenta otros informes realizados por la especialista en Psicología Jurídica y Forense -Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación que sostuvo que “el daño psíquico se detecta consolidado y es irreversible porque comprometió la identidad de las niñas”. La “eficacia patógena de la esclavitud sexual en detrimento de la construcción de la identidad de las víctimas, (…) lesionando especialmente el sentimiento que cada una de ellas tiene respecto de su propia valía”, citó la jueza.
Además de los montos económicos ordenados por la magistrada para la indemnización también se ordenó que se le otorgue a las víctimas una beca integral de estudios en instituciones públicas para que culminen tanto su educación secundaria, como luego la universitaria o terciaria, o bien cualquier otro curso de capacitación en un oficio. Lo que también incluye la cobertura integral de sus gastos en transporte y material educativo.
Igualmente se condenó al Estado a implementar y cumplir, en un plazo de ocho meses, programas de capacitación sobre violencia contra las mujeres y perspectiva de género destinados a miembros de la Policía Federal.
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