La muerte perinatal es definida por la Organización Mundial de la Salud como la defunción del feto entre la 22ª semana de gestación y la 1ª semana posterior al parto.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se produce una muerte perinatal cada 16 segundos en el mundo, y en Argentina ocurren alrededor de 6.000 muertes perinatales por año.

Hasta este momento, no existía un protocolo de contención destinado a asistir y contener a las madres que traspasen esta situación y, por el contrario, las instituciones sanitarias incurrían en tratos violentos o destratos, dando paso así a duelos invisibilizados y derechos vulnerados.

A pesar de que este proyecto de ley llega al Palacio Legislativo por la traumática experiencia de Johanna Piferrer, Argentina vuelve a convertirse en el país pionero de Latinoamérica en tratar y debatir esta temática con perspectiva de género. Cabe entonces recordar que en cuestiones de géneros y violencia machista, Argentina es el país mejor posicionado dentro de la región y sirve como agente ejemplificador en esta materia. Hoy, con la Ley Johanna, reconfirma su posicionamiento.

Quién es Johanna Piferrer

Johanna es la mujer que le da nombre al proyecto de ley N° 1313 D/2021, dado a su experiencia vivida: Ciro, su hijo por nacer que llevaba siete meses en su vientre, dejó de dar señales de vida.

"Cuando fui a un monitoreo en 2014, embarazada de 33 semanas de gestación de un hijo buscado y deseado, en el control no le escucharon los latidos, y en ese momento comenzó para mí un camino tortuoso y desconocido", recordó a la cadena rusa Sputnik, Johanna Piferrer.

A pesar de que en el país ya existe la Ley de Parto Respetado y similares que intentan frenar la violencia obstétrica que sufren sistemáticamente las personas gestantes, Piferrer denunció: "Mi hijo murió dentro de mí y sufrí violencia obstétrica durante el tiempo que estuve ingresada para parirle".

Tras enterarse de que su hijo había muerto en su vientre, Johanna solicitó que la retiraran del área de maternidad del hospital en pos de evitar escuchar el llanto de otros bebés recién nacidos y la alegría de sus familias, que generaban un contraste con su propia situación traumática. Sin embargo, lo que recibió a cambio por parte del hospital fue falta de empatía y respeto al darle un trato indigno.

"Mis derechos fueron vulnerados y los que conseguimos fue a través de luchas dentro de la institución. Me respondieron que entonces yo dejaba de ser una urgencia y que me iban a hacer la cesárea recién al día siguiente. Logramos que me la realicen a la madrugada, cuando me llevaron a la sala de parto siempre sin ninguna información, donde me ataron de manos", contó.

Posterior a la cesárea, el hospital volvió a derivarla al área de maternidad y su cuerpo comenzó el puerperio y empezó a lactar. Con desconocimiento y desorientación, consultó al personal del hospital qué debería hacer, pero en respuesta sólo recibió que debía apretarse los senos, antes de finalmente medicarla para inhibir la lactancia, y vendarla con fuerza.

Lo personal es político

“Lo personal es político” una de las frases recurrente expresadas por los movimientos feministas para señalar que las desigualdades que se viven en sociedad, lejos de ser una vivencia o caso aislado, representa un eslabón más de una cadena sistematizada de prácticas instaladas y amparadas por una cultura patriarcal.

Esto es algo que descubrió Johanna al compartir su vivencia con otras personas. La violencia obstétrica que a ella le había tocado vivir, era una experiencia vivida por muchas otras personas:

"Cuando pude hablar, empecé a publicar en mis redes lo que me había pasado y empecé a recibir comentarios de manera pública como privada relatos donde veía que la violencia se repetía sistemáticamente en cada una de las muertes perinatales tanto en el ámbito público como en el privado", narró Johanna.

De la opresión a la acción

Lejos de quedarse en su situación de vulnerabilidad, en 2014 Piferrer efectuó una denuncia ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Su caso fue recepcionado y tratado en la Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), una mesa interdisciplinaria con otros organismos de salud y anti discriminación.

Tras esto, en 2016, el Defensor del Pueblo de la Nación dictó la primera resolución sobre la violencia obstétrica frente a la muerte perinatal y se proclamó la obligación a la institución médica privada a cambiar sus prácticas, capacitar a sus profesionales y asignar una habitación fuera del área de maternidad para las mujeres y personas gestantes que estuviesen transitando esta situación.

Al año siguiente, Piferrer presentó junto a una senadora nacional el primer proyecto de ley de “Procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal”, llamada también Ley Johanna.

Fue presentado nuevamente en el 2019 y en octubre de este 2021 fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Mujeres y Diversidad. La lucha por los derechos de las embarazadas ante la muerte perinatal sigue librándose en el Congreso nacional. Johanna transformó su traumática experiencia en un proyecto para que otras personas gestantes no deban pasar por su situación nunca más y, tarde o temprano, será ley.