Los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad, reabiertos hace 15 años, tuvieron hasta el pasado diciembre 269 sentencias, se condenó a 1065 personas y solo 165 fueron absueltas en los procesos de investigación. Tan solo en el 2021 se dictaron 17 sentencias y hubo 65 condenados.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, hasta el primero de diciembre, el 75% de las 785 personas detenidas está bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Un aspecto que destacó el ministerio fue que desde el 2010, se visualizaron los delitos sexuales durante las detenciones y torturas ilegales.
El informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) indicó que durante el año pasado se dictaron 17 sentencias, de las cuales 6 ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo 2 en Mar del Plata y en San Martín y 1 en Bahía Blanca, Catamarca, Córdoba, Posadas, Resistencia, Rosario y Santa Fe.
Quedaron pendientes al finalizar el año al menos 364 causas judiciales, y son 17 las que ya están en etapa de juicio oral o plenario. De la misma forma, son 17 los juicios que se iniciaron en el último año, 9 tuvieron sentencia, 7 seguirán con la instancia de debate en curso y solo uno se suspendió por el fallecimiento de los dos imputados involucrados. Al menos 3 causas de las 67 que fueron elevadas a juicio ya cuentan con fecha de inicio este año.
En cuanto a los delitos sexuales, la misma procuraduría señaló "un incremento en la cantidad de sentencias donde se juzgan dichos delitos, que han demostrado que las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron extendidas en todo el país durante el terrorismo de Estado".
Hasta la fecha, fueron al menos cinco sentencias de este tipo las que se dictaron por año desde el 2012, cuando la Procuración fijó la política criminal al respecto. Se registraron que 40 de las 269 sentencias contemplaron delitos sexuales que afectaron a 117 mujeres y 25 varones. Hay 124 condenas a represores y 14 absoluciones.
Algunos números que destacaron: solo 81 sentencias de 269 dictadas se encuentran firmes. De ellas, 69 recurrieron a un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), 11 ante la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) por no haber sido recurridas al máximo tribunal, y una quedó firme en tribunal oral por no haberse interpuesto recurso.
Hay 316 personas condenadas, el 30%, con al menos una sentencia firme y otras 28 absueltas, que representan el 18%. Por el transcurso del tiempo y la tardanza de algunos procesos fueron 206, un 20% falleció antes de recibir la condena firme.
Al respecto, el análisis de los tiempos de ejecución indicaron: el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la investigación es de 4 meses. En cuanto a la instancia de juicio, en promedio son 2 años y 2 meses desde la elevación hasta el veredicto.
Por su parte, las instancias recursivas tardan en promedio 3 años y 7 meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema para que una sentencia quede firme.
"Si se considera que más del 90% de las sentencias se recurren ante la CSJN, lo cierto es que a los tiempos de tramitación se le suma en todos los casos casi 4 años más, para confirmar o no lo dispuesto por el TOF", concluye el informe.
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