Guardati fue visto por última vez aquella madrugada siendo ingresado a una comisaría bajo la responsabilidad de personal policial. Desaparición forzosa, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando emitió una dura condena al Estado argentino, que incluyó la obligación de indemnizar con dinero a la madre, Hilda Lavizzari, por la responsabilidad estatal.
Paulo Cristian Guardati desapareció en Mendoza el 24 de mayo de 1992 a los 21 años. Durante casi 30 años, la Justicia de Mendoza investigó el caso como una simple averiguación de paradero que ya prescribió, como si el muchacho se hubiera perdido.
Ahora, la Justicia Federal de Mendoza se hizo cargo del expediente y, tomando como referencia un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1997, considera que el caso Guardati es un crimen de lesa humanidad, que no prescribe por el paso del tiempo y deja abierta la posibilidad de encarcelar a los culpables.
La decisión fue del fiscal Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica, titular del Juzgado de instrucción 3, frente a un planteo de la madre de Guardati con el patrocinio de los abogados Carlos Varela Alvarez y Enoc Ortiz.
La clave
El organismo internacional resolvió tomando como referencia el informe de una Comisión Ad Hoc integrada por abogados, entre ellos el actual juez federal de Mendoza Alejandro Piña, miembro del Tribunal Oral Federal.
“En esa época no estaba tan asentada aquella figura de la desaparición forzosa de personas a manos de las fuerzas de seguridad en democracia. Parecía novedoso. Hoy está aceitado y avalado incluso por fallos de la Corte. En el caso Guardati hubo componente estatal y casos de personas que no fueron vistas nunca más. Para mí, este caso no está terminado”, aseguró el juez federal Alejandro Piña en diálogo con este medio.
A mediados de los ´90, y cuando el caso era un hervidero político y policial, aquel grupo de investigadores entrevistó a testigos y personas bajo sospecha, reconstruyó las últimas horas del desaparecido y arribó a la conclusión de que Guardati había sido aprehendido por policías en calles del barrio La Estanzuela y posteriormente llevado e ingresado a la comisaría 40.
La comisión ad hoc estuvo integrada por los abogados mendocinos Alejandro Poquet, Alejandro Piña y Eduardo Orozco y sus pares Marcó del Pont, de Córdoba, y Cardozo, en nombre de la Cancillería
En La Estanzuela se perdió todo rastro, allí comenzó el misterio y especialmente un pacto de silencio que, según Piña, en algún momento va a quebrarse para que finalmente la verdad sea revelada. Mientras tanto, el caso Guardati es emblemático en Mendoza. Mientras tanto, la madre, que hoy tiene 78 años, reafirma que seguirá buscándolo.
Aquella madrugada del ´92
Rodolfo Gabrielli, actual titular de la Casa de la Moneda, gobernaba Mendoza cuando desapareció Guardati. Sucedió en inmediaciones de la escuela Atilio Anastasi, a la salida de un baile. Los testigos recuerdan que en la zona hubo corridas, una ventana destrozada por un piedrazo y gritos y órdenes de civiles y policías.
Luego, la captura, el traslado y el comienzo del enigma.
El caso comenzó a ser investigado en el primer Juzgado de Instrucción pero con el correr del tiempo estuvo a cargo de 14 magistrados entre jueces, fiscales y camaristas titulares y subrogantes. Se incautaron libros de novedades de la comisaría 40 y el pequeño edificio enclavado en La Estanzuela fue allanado y revisado muchas veces en busca de pistas que jamás se encontraron.
El cuerpo de Guardati jamás fue hallado. Durante décadas fue buscado en la inmensidad del piedemonte y los barrios del oeste de Godoy Cruz y en profundos pozos cementados y construidos para la extracción de agua. Pero nada.
Los capítulos más dramáticos fueron las excavaciones en tumbas NN del Cementerio de la Municipalidad de Mendoza, especialmente en el El Cuadro 33. Al pie de cada uno de estos operativos, siempre presente, la madre del muchacho.
El trabajo de los especialistas de Antropología Forense fue descomunal. Cada tumba era una posibilidad. Cada hueso largo y cada cráneo, nuevas esperanzas. Pero todas las expectativas se vinieron abajo, una y otra vez, cuando los expertos concluían que ninguna de las piezas peritadas pertenecía a Guardati.
Lo hecho
La investigación, en base a los testimonios de la época, derivaron en la imputación y el procesamiento de policías, aunque esa situación procesal cambió radicalmente en la etapa de apelación, cuando los jueces de alzada desvinculaban a los sospechosos una y otra vez bajo el argumento de que no había pruebas suficientes para considerarlos penalmente de la desaparición de Guardati y llevarlos a juicio oral y público. Estas decisiones, sin dudas, contribuyeron a fortalecer el pacto de silencio.
Por haber sido caratulado como una simple averiguación de paradero, técnicamente el caso prescribió a los pocos años.
Sin embargo, a fines de los ´90, el informe de una Comisión Ad Hoc integrada por jóvenes abogados abrió un camino de claridad: Guardati había sido visto por última vez en manos de policías y por lo tanto era un caso de desaparición forzosa del cual el Estado debía hacerse cargo.
El organismo internacional avaló esa postura, responsabilizó a Mendoza por la acción de las fuerzas policiales y condenó al Estado a indemnizar a la madre de Guardati. Sin embargo, para la Justicia provincial Guardati siguió siendo una persona perdida. Y así durante años.
Cambiaron en Mendoza las leyes procesales, se crearon fiscalías especializadas y lenta y progresivamente los jueces del caso Guardati se fueron yendo del cargo por jubilación. Casi como un espasmo, se retomaron búsquedas y excavaciones, todo con resultado negativo. En síntesis, la Justicia de Mendoza nunca consideró la posibilidad de que Guardati fuera víctima de una desaparición forzosa como indicó la CIDH en 1997 con argumentos tan concretos.
¿Desidia? ¿Negligencia? ¿Para proteger a una cadena de mandos de la Policía?
Y esa conducta, cualquiera de las que haya sido, tuvo sus consecuencias: Guardati sigue siendo hasta hoy el caso de desaparición en democracia más rutilante y enigmático de Mendoza.
Uno de los últimos actos útiles de la Justicia provincial data del año 2020, cuando la fiscal de Homicidios Claudia Ríos se entrevistó con un ex policía que cumple condena por un delito penal y recogió algunos indicios, pero ni la familia ni los abogados de Guardati se entusiasmaron demasiado porque un condenado nunca es totalmente fiable.
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