El tribunal Oral Federal N° 1 de Salta ordenó la prisión preventiva del empresario Marcos Levín en una causa en la que se investigan delitos cometidos contra 17 trabajadores durante la última dictadura militar. La medida alcanza también a José Antonio Grueso, ex director de personal de la empresa La Veloz del Norte y a los ex policías Víctor Almirón y Enrique Cardozo. Tiempo Judicial contó hace pocos días que Levin era responsable.
La decisión la tomaron los jueces José Antonio Grueso, Víctor Almirón y Enrique Cardozo que integran el tribunal que llevará adelante el juicio oral y público contra el empresario a instancias del pedido del fiscal general del Área de Derechos Humanos, de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad.
Todos los imputados quedaron detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario y además se actualizaron los montos de los embargos ordenados. Para el empresario se fijó una suma de 2.400.000 pesos, mientras que la del resto quedó en 1.200.000.
Además ordenaron la prohibición de salir del país de los cuatro acusados y la colocación de pulseras electrónicas, razón por la cual se libró oficio de lo dispuesto al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El pedido de prisión preventiva del fiscal fue argumentado con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se ordenó dejar sin efecto la absolución de los acusados, dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal tras revisar las condenas dictadas en el año 2016 por el tribunal oral de Salta.
A partir del pronunciamiento de la corte nacional quedó establecido definitivamente que los hechos formaron parte del ataque a la población civil que tuvo lugar durante el terrorismo de estado y que los hechos debían ser considerados crímenes de lesa humanidad, explicó el fiscal.
En este juicio, pronto a iniciarse, Levín, Grueso, Almirón y Cardozo enfrentan acusaciones por 17 casos de privaciones ilegales de libertad y torturas, cometidas en perjuicio de los trabajadores de la empresa “La Veloz del Norte” entre los meses de enero y febrero del año 1977.
Además, se detalló que los testigos en esta causas, todos de avanzada edad, poseen antecedentes de amenazas que se registraron a lo largo del proceso. A ello se suma que Levín y Amirón, son investigados por otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar.
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