A cuatro meses del intento de magnicidio, este martes se reactiva la investigación por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner con la vuelta de Nicolás Carrizo, el líder de “la banda de los copitos”, a tribunales. Allí será indagado nuevamente por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Carrizo se encuentra detenido desde el 13 de septiembre y ya fue señalado como partícipe secundario del hecho, pero la querella reclama que se lo acuse de asociación ilícita junto a Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó a la cabeza de la Vicepresidenta; y su pareja, Brenda Uliarte, ambos procesados como coautores de intento de homicidio agravado.
Carrizo será trasladado desde el penal de Marcos Paz hasta los tribunales de Retiro donde se le exhibirán los mensajes encontrados en su teléfono celular. “Recién intentamos matar a Cristina”, decía uno de los textos. Aquella noche del 1° de septiembre escribió, entre otros mensajes: “Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés que hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”. Al día siguiente del atentado, continuó mandando mensajes con su celular: “Es un golpe que le dimos al gobierno” y “esto se va a poner peor”.
En tanto, Sabag había sido atrapado por militantes de La Cámpora luego de que le apuntara a la cara a la Vicepresidenta; y su novia desapareció del lugar. A los cuatro días terminó detenida.
Es por esto que la querella de la Vicepresidenta insiste con que hay más personas involucradas en el atentado. Además de Carrizo, acusó a la agrupación Revolución Federal y el financiamiento que, según planteó, recibió de la empresa Caputo Hermanos, propiedad de familiares de un ex alto funcionario de Mauricio Macri, Luis Caputo.
A fines del pasado año, Cristina anunció a través de sus redes sociales que pedía de nuevo la detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, integrantes de la agrupación Revolución Federal. También pidió la citación a indagatoria de Rossana Caputo por el financiamiento al grupo y el allanamiento y el secuestro del celular de Ximena De Tezanos Pinto, la vecina de Fernández en el edificio de Recoleta. Pero el juez Martínez de Giorgi rechazó esos planteos.
La querella apelará la decisión cuando se reanude la actividad judicial a partir del miércoles 1 de febrero. Eso quedará en manos de la Sala I de la Cámara Federal conformada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes también deberán decidir sobre otro de los focos que incluyó la Vicepresidenta: la conexión del diputado del PRO -que responde políticamente a Patricia Bullrich- Gerardo Milman. La pista sobre el legislador opositor surgió de la declaración de Jorge Abello, ex diputado provincial de Santa Fe y actual asesor legislativo del diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri.
Comentarios recientes