La Procuración Penitenciaria de la Nación emitió su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en las Cárceles Federales de la Argentina. Con las firmas del recientemente fallecido Francisco Miguel Mugnolo, procurador penitenciario de la nación, y Ariel Cejas Meliare, procurador adjunto interino, el documento indagó sobre la sobrepoblación en comisarías policiales, torturas, malos tratos y otras formas de violencia y la dinámica del encarcelamiento en la articulación, entre otras temáticas. 

Entre los datos, se destacó que desde 2009 la Procuración identificó 6.584 casos de torturas. En 2022 se documentaron 316 casos. De ellos, hubo 298 registros de violencia física y 18 amenazas graves u hostigamientos que no involucraron agresiones físicas. Asimismo, las amenazas registradas es de 79, que se produjeron en combinación con otras formas de maltrato. 

Para los hechos de violencia física, se registraron 56 casos de aislamiento prolongado y 19 de escasa o nula alimentación durante el aislamiento como consecuencia de la golpiza. Las personas que fueron identificadas como víctimas de hechos de torturas eran mayores de edad. Los rangos etarios van entre 25 y 44 años, siendo un 63% de los casos. Por otro lado, apenas el 0,6% (2 personas) eran jóvenes adultos, que son jóvenes de entre 18 y 21 años por lo que son considerados como población vulnerable. 

Por otra parte, el año pasado se han registrado 41 muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario, y ya se acumulan 617 personas fallecidas, un promedio de 44 muertes anuales. La principal causa de mortalidad en las cárceles federales se asocia a las enfermedades.

También, se registraron 90 suicidios (15%), 86 homicidios (14%) y 39 muertes ocurridas mientras la víctima protagonizaba una medidas de fuerza (6%). En tanto, 12 establecimientos reúnen el 86% de las muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, y las unidades CPF I de Ezeiza, CPF II de Marcos Paz, CPF CABA, CPF VI de Cuyo y Unidad Nº 6 de Rawson reúnen el 76% del total.

 

 

Por último, se registró en el ingreso de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, que aumentó un 18,1% respecto del año anterior (en 2021 se registraron 2179 ingresos). Del total, 1384 corresponden a detenciones de personas punibles (representa el 52,01%), y 1241 corresponden a personas no punibles (representan el 46,56%). 

La población estuvo conformada por 1292 varones y 92 mujeres (representan un 93,36% y un 6,64% de las detenciones, respectivamente). De las 92 niñas detenidas, 79 ingresaron por la comisión de delitos contra la propiedad -51 consumados y 28 en grado de tentativa-. De los 1292 varones punibles detenidos en 2022, 1114 fueron por delitos contra la propiedad -746 consumados y 368 en grado de tentativa- lo cual representa el 86,29% de las detenciones de varones no punibles. 

 

Informe Anual 2022