Piden una "urgente" y "profunda" reforma del sistema de inteligencia

El Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) emitió un comunicado en el que señaló su preocupación por la disposición del Poder Ejecutivo Nacional para la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia por dos años prorrogables y la designación de Silvestre Sívori. "Esta idea se refuerza con las respuestas represivas, de criminalización de activistas y de vigilancia frente a las llamadas 'nuevas amenazas'", señalaron.

Asimismo, destacaron que el "DNU Nº 22/2023 dispone que el interventor debe revertir o reformular las decisiones que se tomaron desde la reforma de la ley de inteligencia en 2015 y de la intervención de estos últimos cuatro años, y le otorga facultades suficientes para que pueda hacerlo", y indicaron que "las directivas dadas reafirman la ausencia de una política de Estado en materia de inteligencia nacional".

"Desde la sanción de la Ley 25.520, en el 2001, pasando por las sucesivas reformas reglamentarias y las intervenciones decretadas, no se ha logrado replantear las bases de un organismo creado en el contexto de un mundo bipolar que ya no existe", remarcaron y consideraron: "Urge pues realizar un cambio profundo, estructural, orientado a construir una institución profesional, moderna, controlable e inmune a su utilización como instrumento de intereses sectoriales espurios".

En esa línea, destacaron que la ausencia de conducción política "impide conformar un organismo dotado de una burocracia especializada guiada por una carrera profesional", y enfatizaron que "este desgobierno permite la proliferación de prácticas irregulares destinadas a la manipulación y comercio de la información, e impide cortar con vínculos históricos con la justicia federal".

El organismo destacó que "toda las actividades de los diferentes organismos siguen caracterizadas por una visión anacrónica de la seguridad nacional y de un secretismo injustificable para una democracia moderna, incompatible con principios básicos como el acceso a la información y el control político y ciudadano de las actividades de inteligencia", y apuntaron: "Esta idea se refuerza con las respuestas represivas, de criminalización de activistas y de vigilancia frente a las llamadas 'nuevas amenazas'".

asimismo, el comunicado finalizó con el ofrecimiento de aportar "el proyecto de ley que diseñamos y enviamos en 2020 a la Intervención de la AFI. Contiene, a nuestro juicio, las bases para un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia. Ya fuere que se opte por este u otros modelos posibles es indispensable dar un amplio debate y sentar acuerdos para la refundación de un sistema pensado para la protección del sistema democrático. Ello debe incluir una revisión de los dispositivos actuales de producción de inteligencia para la defensa nacional y la seguridad interior".

Los firmantes fueron Rafael Bielsa, Alberto Binder, del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Beatriz Busaniche, de Fundación Vía Libre, Enrique Chaparro, de Fundación Vía Libre, Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Juan Gabriel Tokatlian y Margarita Trovato, del C1entro de Estudios Legales y Sociales (CELS)/Fundación Vía Libre.