La cuestionada caja del Ente Cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) es una caja multimillonaria que desde hace cuatro décadas opera por fuera de cualquier tipo de control y que tiene contratada a la mitad del personal del Ministerio de Justicia.
Excluida del Presupuesto Nacional, tampoco tienen autorización la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) para revisar los gastos.
Las cifras que maneja el Ente que recauda por cada venta de autos son astronómicas. Solo desde el momento en que asumió Javier Milei, hasta febrero de 2024, llegó a los $14.000 millones. Entre diciembre de 2021 y noviembre de 2023 alcanzó los $52.179.397.106,17.
La fuente de ingresos que ningún Gobierno pudo deshacer, preocupó a La Cámpora y existen vínculos entre sus administradores con el juez Ariel Lijo y Daniel Angelici.
El periodista de Clarín, Ignacio Ortelli, recordó que en una entrevista, el economista Nicolás Gadano, quien en 2001 era el subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía, contó el momento en que quiso desarmar los entes cooperadores pero fue boicoteado por funcionarios de la Alianza que cobraban "sobresueldos" bajo la figura de "incentivos". Su intención era colocar esos fondos dentro de la Ley de Administración Financiera.
Quien también quiso intervenir la caja fue Nicolás Dujovne, pero según explicó, "las urgencias macroeconómicas fueron postergando el proyecto de reforma (cuándo no) y la derrota electoral terminó por sepultarlo".
Según relató Clarín, "los gremios estatales fueron los primeros en objetar que se desmontara un sistema de contratación irregular que les quita, además, buena parte de sus afiliados directos".
Vínculos políticos
La versión citada por Ortelli indica que la agrupación La Cámpora había dejado un importante grupo interno contratado a través de la gestión de Gastón Boido, cercano a Eduardo "Wado" de Pedro y hoy funcionario de Julián Álvarez en Lanus, ex secretario de Justicia de la Nación
Por su parte, también advierte de un curioso vínculo entre uno de los miembros de la comisión directiva de ACARA, Horacio Jack -dueño del Grupo Jack-, con Daniel Angelici, señalado en numerosas ocasiones como "operador judicial".
Jack, quien posee 18 concesionarias en la Argentina, fue distinguido el año pasado por el Senado de la Nación porque " se cumplía el 40° aniversario de que su padre, de nombre homónimo, abriera la agencia de automotores multimarca 'Bs As Cars'".
Cuando inauguró la concesionaria L'Expres asistieron al evento empresarios como Alejandro Gravier, políticos como Cristian Ritondo, e incluso estuvo presente el juez federal y candidato a la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo.
Meses después, la empresa fue relacionada con el zar de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, y una de sus concesionarias fue allanada por la Justicia.
Según indicó Clarín, "a la Justicia cordobesa le llamó la atención un informe de la Unidad de Información Financiera (UFI) que marcaba transferencias millonarias presuntamente enviadas desde la firma de Leonardo Cositorto".
Ministerio de Justicia
En la actualidad, aseguran que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, apunta a desmantelar ACARA.
"Sobre un total de 6.107 empleados, apenas 2.100 pertenecen a la planta del Sistema Nacional de Empleo Público. El resto se agrupan de la siguiente forma: 2.483 agentes bajo el régimen de ACARA y un poco más de mil por convenios con otros entes", informó Clarín.
Además, al momento de asumir Javier Milei, 113 agentes del Ministerio de Justicia de la gestión de Alberto Fernández cobraban un plus en concepto de "incentivos", por un total de $71.933.344,52 de estos fondos que no pueden ser controlados.
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