Tras los incidentes en el Congreso mientras se debatía la Ley Bases en la Cámara de Senadores, 33 personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia federal.
Mientras se investiga cada caso, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló que la Ciudad de Buenos Aires impulsará demandas civiles para los detenidos.
"Estamos reclamando en causas civiles, que van paralelas a la penal porque los daños económicos se reclaman en esa instancia, a todos los que queden detenidos y procesados. Lo vamos a hacer lleve el tiempo que lleve", indicó.
Y añadió: "Nosotros tenemos la decisión de no permitir que en el espacio público se haga lo que quiera, que la gente destruya lo que es nuestro porque hemos gastado 278 millones de pesos más 21 millones de pesos que hemos entregado a 7 comerciantes porque les destrozaron su propio local y les robaron mercadería".
El fiscal Carlos Stornelli.
El fiscal Carlos Stornelli, quien se encuentra al frente de la causa, sostuvo que investigará a los detenidos por “lesiones, daño simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del artículo 41 del Código Penal de la Nación”. Este artículo se refiere a "acciones terroristas" .
Por su parte, la jueza María Servini resolvió hacer lugar a la excarcelación de 17 de las 33 personas, pero Stornelli apeló y pidió que se revoque la libertad de 14 de ellas.
"Hubo gente que llevaba combustible en sus mochilas o una granada. Evidentemente hubo gente que tenía un plan específico adentro y afuera del Congreso. Una cosa es cometer delitos y otra cosa es tratar de buscar que se suspenda una sesión que tenía como objetivo intentar repetir lo que algunos sectores consideraron el éxito de diciembre de 2017, que es impedir el normal funcionamiento de las instituciones. No los dejamos. Ahora tiene que investigar la Justicia", señaló el jefe de Gobierno.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la ONU que hubo restricciones al derecho a la protesta y que se detuvo "de manera arbitraria" a las personas.
"El gobierno se amparó en incidentes ocurridos durante la manifestación para justificar detenciones arbitrarias y utilizar la calificación de “terrorismo”. Entre los detenidos hay vendedores ambulantes o personas que pasaban por las cercanías del Congreso", señaló el CELS.
"El objetivo político del gobierno es infundir miedo a cualquiera que se movilice para protestar", indicaron.
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