El lunes, durante un encuentro de la Organización de las Naciones Unidas, la Argentina fue el único país que voto en contra de un resolución que promovía la protección de derechos de los pueblos originarios.
Fue la primera votación con Gerardo Werthein como canciller tras el despido de Diana Mondino y el país se convirtió en el único que la rechazó entre los 168 que apoyaron.
El texto, al que se abstuvieron Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria y Eslovaquia, buscaba la adhesión de las naciones a la protección de los derechos de comunidades originarias en cuestiones como justicia, medioambiente y preservación de creencias espirituales, conocimientos ancestrales y lenguas.
La ministra plenipotenciaria de la tercera comisión de la misión permanente de Argentina ante la ONU, Andrea Repetti, explicó la postura del país: “La Argentina favorece la protección de los derechos de las poblaciones indígenas en sus diversas tradiciones culturales en la medida en que la riqueza y la diversidad cultural aporta a la vida social. Considera sin embargo que en el documento sujeto a votación no figura suficientemente garantizado el acceso a los derechos humanos a las poblaciones indígenas sin discriminación”.
Y agregó: “La afirmación de la promoción de prácticas ancestrales puede dar lugar a la validación de tradiciones que podrían estar encontradas con los derechos fundamentales de mujeres y niñas, o el derecho a la salud y acceso al progreso científico. El uso de terminologías ambiguas y amplias dificulta y confronta con derechos humanos de garantía universal. Argentina celebra el respeto a la libertad religiosa y cultural de todas las personas, siempre en el marco de la universalidad de los derechos humanos para todos y quiere seguir contribuyendo y trabajando para que esa garantía sea realidad sin discriminación alguna”.
Qué dice la resolución de la ONU
“Es necesario reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tierras y ecosistemas, salvaguardando al mismo tiempo sus tradiciones, creencias espirituales y conocimientos ancestrales, de reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, y de garantizar su derecho a participar en la adopción de decisiones sobre asuntos que afecten a sus derechos, con arreglo a la legislación”, indica el texto.
Y advierte una “profunda preocupación por el aumento de la discriminación, el discurso de odio, la estigmatización, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia” y condena “amenazas, hostigamiento, represalias y asesinato de miembros de los Pueblos Indígenas, en particular mujeres y niñas, y personas con discapacidad, a menudo con impunidad, así como de invasiones de tierras, desalojos forzosos arbitrarios y otras prácticas abusivas”.
“Mostramos también preocupación por la práctica de algunos países, incluidos los que celebran reuniones sobre cuestiones indígenas, de demorar o denegar de forma intencionada o discriminatoria visados de entrada a titulares de mandatos de las Naciones Unidas o representantes de los pueblos indígenas, o de aplicarles restricciones de viaje adicionales que interfieren, entre otras cosas, con su capacidad para participar en esas reuniones o para regresar de ellas”, concluye.
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