Este viernes la Cámara Federal porteña reabrió un caso por presuntas omisiones e inconsistencias en declaraciones juradas de Cristina Kirchner.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Poder Ejecutivo, había apelado ante el cierre de la causa el pasado 5 de junio, ya que consideró que el argumento de que las omisiones e inconsistencias en las declaraciones no es producto de un error.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar a la UIF y además ordenaron un peritaje contable.
Según el fallo judicial se investigan hechos que incluirían “declaraciones juradas de Cristina Fernández en el período comprendido entre 2010 y 2014, la errónea exteriorización de los bienes y deudas por parte de Cristina Fernández a partir de la disolución de la sociedad conyugal, en tanto no había tenido lugar la partición y distribución de los bienes del acervo hereditario de Néstor Kirchner; la omisión de declarar bienes inmuebles del acervo hereditario de Néstor Kirchner a partir de la declaración jurada del año 2012; la errónea exteriorización de un terreno de 87.000 m2 sobre el Lago Argentino, El Calafate, que Cristina Fernández registró en condominio con la firma Austral Construcciones S.A. a partir del año 2008; y la omisión de declarar plazos fijos y depósitos en dólares estadounidenses en las declaraciones juradas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014″.
Bruglia y Bertuzzi señalaron: “De la resolución puesta en crisis surge que el juez de grado se remitió a la postura del acusador público, quien estimó que las conductas denunciadas no constituían irregularidades sujetas a reproche penal, sino que, por el contrario, guardaban relación con el modo en que la imputada había exteriorizado su evolución patrimonial ante los organismos de control a partir del fallecimiento de su cónyuge en el año 2010″.
“El Dr. Ercolini procedió a homologar la solicitud de archivo formulada por el acusador público, pues consideró que no se trataba de una posición arbitraria, sino que había demostrado fundadamente que las inconsistencias aludidas no reunían la relevancia típica requerida para avanzar con la pesquisa”, remarcaron.
Y resaltaron que existen “ciertas cuestiones que requieren el análisis y explicación de un profesional de ciencias económicas”.
“Procederemos a revocar la resolución en todo cuanto ha sido materia de recurso, debiendo el magistrado de grado ordenar la realización de un peritaje contable estableciendo -más allá de las dudas detalladas en este decisorio- los puntos de pericia que estime pertinentes, a fin de que un profesional en la materia, proveído de toda la documentación necesaria (declaraciones juradas, escrituras de inmuebles, copias del juicio sucesorio, etc.), proceda a echar luz sobre las inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas aquí denunciadas y, en su caso, determinar las consecuencias impositivas que podrían traer aparejadas”, sumaron Bruglia y Bertuzzi.
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