El lunes, el juez Roberto Andrés Gallardo había ordenado al Gobierno porteño hacerse cargo del operativo durante la marcha de jubilados del miércoles al tiempo que limitó a las fuerzas federales.
Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que implementará el cuestionado protocolo antipiquetes y le dijo al magistrado que "no se entrometa".
"Mi respuesta es que él (Gallardo) no puede actuar pasando su jurisdicción y decidiendo sobre temas federales. Es un juez de la Ciudad. Un juez contravencional de la Ciudad no puede tomar determinaciones de este tipo que involucran a la Ciudad en tanto Capital de todos los argentinos y en tanto asiento del Gobierno nacional", indicó la funcionaria del gobierno de Javier Milei.
En ese sentido, advirtió: "Nosotros de ninguna manera vamos a dejar de hacer nuestra tarea que es cuidar la sede del gobierno federal en la Ciudad como capital de todos los argentinos".
Tras su decisión, el juez fue cuestionado también por el Gobierno porteño, quien lo denunció, y desde el oficialismo nacional realizaron una presentación en el Consejo de la Magistratura.
La medida dispuesta por el Gallardo se dio luego de un pedido de la CGT, la UTEP y la UEJN en el que indicaron que las fuerzas que conduce la ministra de Seguridad actuaron “de forma ilegal, frente al ejercicio del derecho constitucional de protesta” en las manifestaciones anteriores.
Gallardo indicó que la Ciudad de Buenos Aires “en el contexto de la movilización masiva convocada para el miércoles en las inmediaciones del Congreso, despliegue, organice, planifique y ejecute -todo de manera autónoma- el operativo de seguridad, que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan”.
Por otro lado señaló al Ministerio de Seguridad que “se abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que a seguridad pública respecta, más allá de los límites legales de protección de intereses federales”.
“El riesgo invocado –lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y, posiblemente, futuros”, detalló.
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