El Gobierno nacional autorizó a los militares en la frontera a detener civiles que hayan cometido delitos de flagrancia.

La medida fue confirmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, en sus redes sociales y desde algunos sectores la calificaron de "ilegal".

"Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", sostuvo el funcionario en su cuenta de X.

En ese sentido, señaló que "la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación. Solo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas".

"Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, EEUU lo acaba de anunciar en enero, por qué acá algunos se escandalizan?", indicó.

Por su parte, el exministro de Defensa, Agustín Rossi, indicó que "la medida no es controversial, es ILEGAL" y que esas tareas que ahora se le asignarán al personal militar “van en sentido contrario” de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior.

"El personal militar que acate estas órdenes (de detener civiles) está absolutamente desprotegido legalmente” ya que se trata de “tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad y que están taxativamente prohibidas por las leyes vigentes", alertó.

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