En su último informe anual "El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo", Amnistía Internacional advirtió sobre un "retroceso profundo y acelerado en los derechos en Argentina en el 2024".
El capítulo sobre el país fue relanzado bajo el título “12 meses de gestión, 12 derechos perdidos”, y menciona "un panorama de narrativas violentas, achicamiento de los espacios de participación y represión a las voces disidentes, en un contexto global marcado por el avance de tendencias autoritarias fomentadas por líderes que actúan erosionando libertades esenciales".
De acuerdo a Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, "el deterioro de los derechos no es una metáfora: en Argentina, durante 2024, vimos cómo se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantías individuales".
"La respuesta del Estado frente a la protesta pacífica, la crítica pública, la desinformación muestra un giro hacia prácticas con profundos rasgos autoritarios que amenazan la convivencia social", añadió.
“Lo que vemos en Argentina no es un hecho aislado: es parte de una tendencia global que busca silenciar voces críticas, desmantelar políticas de protección y reprimir la expresión pacífica. En nuestro país, este retroceso se ha dado de manera acelerada y deliberada”, sostuvo.
LOS PRINCIPALES EJES DEL INFORME
- La persecución y confrontación violenta frente al disenso. El miedo, las noticias falsas y la desinformación muestran una poderosa estrategia de adoctrinamiento y censura.
- Ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información, donde prima la discrecionalidad y la opacidad frente a la rendición de cuentas.
- La represión del derecho a la protesta pacífica como política de Estado y el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales, amparado por el llamado “Protocolo Anti-Piquetes”, que derivó en más de 1.100 personas heridas, detenciones arbitrarias y ataques a trabajadores de prensa.
- Retrocesos graves en derechos económicos y sociales, como consecuencia de políticas de ajuste que afectaron directamente a millones de personas. Se eliminaron programas sociales, se redujeron presupuestos esenciales y se cerraron organismos clave en áreas de la salud, educación, género y derechos humanos.
- Jubilaciones: los jubilados volvieron a perder. Quienes tienen como único ingreso la mínima, no lograron cubrir la Canasta Básica Total (CBT) en todo el año, en consecuencia, quedaron por debajo del umbral de la pobreza. Esta política, combinada con la quita de subsidios, la remoción de cobertura en medicamentos y el aumento del costo de vida, vulneró el derecho a una vida digna para un sector históricamente postergado.
- El informe advierte que estas medidas no solo deterioran la calidad democrática en el país, sino que profundizan la desigualdad y la exclusión, afectando especialmente a mujeres, personas LGBTI+, pueblos indígenas, infancias y sectores empobrecidos.
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