La denuncia fue presentada ante la Justicia federal por la Fundación Apolo, en donde solicita que se investigue la operación de una supuesta organización criminal digitada desde Venezuela, que realizaría tareas de espionaje y seguimiento contra ciudadanos exiliados en Argentina.
En el escrito, se utiliza como ejemplo el caso de José Zambrano Erazo, hijo de una exfuncionaria del Ministerio de Cultura venezolano, quien habría sido víctima de seguimientos, amenazas y vigilancia ilegal en varios países de América Latina, incluyendo la Argentina.
Los firmantes de la denuncia, con el legislador porteño por Republicanos Unidos, Yamil Santoro, y el abogado José Magioncalda; junto al responsable del área investigativa de la organización, Nicolás Silvera. Cuentan además con el patrocinio legal del letrado Ignacio Falcón.
En tanto, los anteriormente nombrados buscan que el Poder Judicial investigue la presunta comisión de delitos de asociación ilícita agravada, encubrimiento y amenazas agravadas. Argumentando a su vez, que los hechos podrían constituir también crímenes de lesa humanidad en la medida en que estarían motivados por “razones políticas”.
Comentarios recientes