La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA citó al gobierno de Javier Milei a una audiencia por la situación de la libertad de expresión en Argentina.
El pedido fue impulsado por organizaciones como FOPEA, Amnistía Internacional, el CELS, ACIJ, CELE y SiPreBA, que alertaron sobre un “deterioro veloz” de las condiciones para el ejercicio del periodismo.
“Argentina deberá dar explicaciones ante la CIDH”, sostuvo Amnistía, que remarcó la preocupación por “la judicialización abusiva contra periodistas” y los discursos estigmatizantes desde altos niveles del Estado.
FOPEA denunció un “empeoramiento progresivo” del hostigamiento hacia la prensa y un incremento en los ataques, especialmente desde que el presidente convocó a sus seguidores a “odiar más a los periodistas”. También se documentaron agresiones durante protestas, restricciones en Casa Rosada y dificultades para acceder a información pública.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la OEA ya había advertido en su informe anual sobre el “deterioro acelerado” de las garantías para la prensa durante el primer año del gobierno libertario.
Allí, el relator Pedro Vaca Villarreal señaló “la baja tolerancia a las críticas y los procesos deliberativos”, y cuestionó los discursos oficiales “contra periodistas y medios de comunicación, y particularmente contra mujeres”.
“El presidente Milei ha sostenido un discurso recurrente y constante de estigmatización hacia periodistas y medios”, afirmó la RELE, señalando que los ha calificado como “corruptos”, “mentirosos”, “difamadores” y “extorsionadores”.
Además, alertó que el mandatario declaró públicamente que “el 85% de los medios miente todo el tiempo”, lo cual es parte de una estrategia oficial definida como “batalla cultural”.
FOPEA registró un aumento del 24% en agresiones a periodistas entre abril y julio, con un 71% vinculadas a violencia estatal. Según el informe, el 27% de los ataques fueron atribuidos directamente al Presidente.
La RELE también destacó el crecimiento de la violencia digital contra mujeres periodistas, con campañas de acoso en redes y mensajes amplificados desde canales oficiales.
“Las declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios públicos pueden colocar a periodistas en mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques”, concluyó el informe.
Ahora, la CIDH busca abrir un canal de diálogo para que el Estado argentino rinda cuentas y adopte medidas para frenar las agresiones contra la prensa.
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