En 2017, una mujer sufrió un accidente de tránsito en Santa Clara del Mar, provincia de Buenos AIres, al ser embestida por un automóvil y contrató a una abogada para reclamar la indemnización correspondiente por los daños sufridos. Aunque la letrada inició el juicio, no impulsó el expediente ni realizó los pasos necesarios para que avanzara.
Como consecuencia, en 2020 el juzgado nacional en lo Civil declaró la caducidad de instancia y el caso quedó cerrado, imposibilitando a la víctima obtener reparación económica.
Reiterados intentos de comunicación con su abogada no tuvieron respuesta, y recién en 2023, al consultar a un nuevo abogado, la mujer descubrió que su causa había quedado archivada y que el plazo para iniciar un nuevo juicio ya había prescrito.
La víctima demandó entonces a su abogada por incumplimiento profesional. Durante el juicio, se constató que la letrada había recibido toda la documentación necesaria y la designación formal, pero no realizó los trámites requeridos.
La jueza consideró que la responsabilidad era exclusiva de la profesional y la condenó a pagar más de $3 millones con intereses, teniendo en cuenta que era muy probable que la causa por el accidente hubiera tenido un resultado favorable para la clienta.
El fallo desestimó cualquier responsabilidad de otra abogada y subrayó que la falta de diligencia derivó en la pérdida de la oportunidad de acceder a la indemnización.
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