La Corte Suprema de Justicia se encargará de administrar y subastar los bienes decomisados de la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de su condena por corrupción en la obra pública de Santa Cruz, más conocida como causa Vialidad.

Dicha intervención se da, luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2), que condenó a la titular del Partido Justicialista (PJ) nacional a seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, determinara decomisar sus propiedades.

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Según el peritaje realizado por el Máximo Tribunal, se trata de un monto de 684.990 millones de pesos, que alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito.

Además, de activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, que el tribunal consideró fue entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

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Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones; Kank y Costilla; Loscalzo y Del Curto; además de terrenos, hoteles y departamentos en las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Respecto a los bienes de la exvicepresidenta, se incluye un inmueble a nombre de Cristina y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.